Gobierno encarga a la FAO evaluación de la Ley de Pesca

28 Abril 2015

En el proceso de evaluación, la FAO contará con un equipo de alto nivel de expertos nacionales e internacionales y al mismo tiempo asegurará contar con las visiones de los usuarios del sector a través de mecanismos de participación.

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El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura firmaron esta mañana un memorándum de entendimiento con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para que este organismo internacional realice la evaluación de la Ley General de Pesca y Acuicultura aprobada en 2012 por el Congreso Nacional.

El acuerdo permitirá desarrollar una evaluación técnica de la legislación pesquera vigente a la luz de los instrumentos y buenas prácticas para la sustentabilidad y gobernanza del sector pesquero que promueve FAO en todo el mundo. Con esta firma, el Gobierno da cumplimiento a uno de los compromisos del programa de gobierno y que fue ratificado por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en su discurso del 21 de mayo pasado.

Según explicó el Ministro de Economía Fomento y Turismo, Luis Felipe Céspedes, mediante este instrumento “se da cumplimiento al compromiso del gobierno de realizar una evaluación de la Ley de Pesca y Acuicultura, que cumplirá con los más altos estándares internacionales en materia de sustentabilidad y se ajustará a las directrices mundiales que FAO promueve respecto de pesca sostenible y buenas prácticas”.  Añadió que de este acuerdo “es un paso más en nuestra estrategia para impulsar y fortalecer la pesca y acuicultura, la que considera acciones para mejorar la institucionalidad del sector, afrontar los desafíos de largo plazo y promover el emprendimiento, pero también para enfrentar las urgencias que están afectando directamente la subsistencia de las personas”.

En el proceso de evaluación, la FAO contará con un equipo de alto nivel de expertos nacionales e internacionales y al mismo tiempo asegurará contar con las visiones de los usuarios del sector a través de mecanismos de participación.

La iniciativa  tendrá una duración de ocho meses y permitirá establecer un marco teórico e identificación de estándares internacionales en materia de legislación pesquera y acuícola, realizar un análisis  de brechas de la ley en relación con los instrumentos y acuerdos internacionales en materia de gestión sostenible de recursos pesqueros y otorgar recomendaciones que permitan eliminar, acortar o cerrar las brechas o vacíos de la ley con respecto a los instrumentos, acuerdos y directrices internacionales para la sostenibilidad y gobernanza del sector.

Por su parte el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Raúl Súnico, afirmó que “la evaluación de la Ley de Pesca es un asunto muy serio para el Gobierno, es por eso que hemos requerido el apoyo de un organismo internacional de reconocida reputación y seriedad como es la FAO. Ahora todos los sectores de la pesca tendrán garantías de imparcialidad, excelencia y transparencia en la evaluación de la Ley”.

La representante de FAO en Chile, EveCrowley, comentó que “como organismo técnico internacional hemos encabezado y apoyado a diversos países en la formulación de sus instrumentos legales, políticas y marcos regulatorios para la gestión sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas. En este sentido, FAO apoyará al Gobierno de Chile en la evaluación de la normativa, considerando los acuerdos y buenas prácticas internacionales para la sustentabilidad y gobernanza del sector pesquero".

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura es un organismo especializado creado en 1945 con el objetivo de lograr un mundo libre del hambre y de la malnutrición en el que la alimentación, la agricultura y la pesca contribuyan a mejorar el nivel de vida de todos sus habitantes, especialmente los más pobres, de forma sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental.

Una de las prioridades de la FAO es fomentar la asociación y la cooperación con instituciones externas, incluidas organizaciones académicas y de investigación, así como asistir a Estados en el desarrollo de iniciativas como la que acaba de convenir con el Gobierno de Chile para la evaluación particular de la legislación pesquera y acuícola nacional.