Hasta 200 millones y 5 años de cárcel por extracción ilegal de aguas

Para el ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, el amplio apoyo que recibió en el Congreso el proyecto de ley ingresado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) que aumenta las sanciones ligadas a la extracción ilegal de aguas y la capacidad fiscalizadora de la Dirección General de Aguas (DGA), fue todo un triunfo.

El seremi de Obras públicas, Guillermo Beretta, aseguró que “con este gran logro en materia hídrica, crecemos como país. En Arica el potente Plan Hídrico del Gobierno del Presidente Sebastian Piñera, ha mostrado el interés que se tiene por mejorar las condiciones de los agricultores, cuidar nuestra agua y desarrollar la capacidad productiva agrícola de la región. Esta gran medida de protección, es una excelente noticia para todos.”

Mayor protección a regantes

Dada la alta vulnerabilidad en que se encuentran algunos acuíferos a nivel nacional se creó en el 2007 la Unidad de Fiscalización de Aguas, perteneciente DGA.  Esta tiene por fin, proteger el recurso hídrico y a las personas que poseen derechos de agua otorgados.

Desde la creación de esta unidad de fiscalización a la fecha, se observó que existía una falta de instrumentos para poder realizar este control, además de las bajas penas y multas existentes por usurpación de aguas.

Es por ello que el Ministerio de Obras Públicas, encabezado por el Ministro Laurence Golborne y el Director nacional de aguas, Matías de Desmadryl, trabajó en crear un proyecto  de Ley que aumente las penas y multas por contravención al Código de Aguas, lo que permitirá resguardar el valioso recurso hídrico y proteger los derechos de los regantes a lo largo de todo Chile.

El director regional de aguas,  Héctor Flores, comentó que en el valle de Azapa “es común esta situación, según fiscalizaciones efectuadas durante los años 2010 – 2011, existen alrededor de 500 litros por segundo, que están siendo extraídos de forma irregular del Acuífero de Azapa”.

Actualmente, la multa por una captación ilegal puede llegar a los $800 mil. Con la modificación, las infracciones más graves podrían alcanzar los $200 millones. Las penas asociadas al delito de usurpación de aguas, han aumentado en un grado, pudiendo llegar hasta cinco años de presidio, en caso que el delito se cometa con violencia.