Javiera Olivares, presidenta Colegio de Periodistas: La libertad de expresión es un derecho no garantizado en Chile

“Urge contar con canales de discusión democrática y plataformas de debate social”, afirmó en Conversación con Radio Universidad de Chile la presidenta del Colegio de Periodistas de Chile Javiera Olivares, quien este lunes asistirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a exponer junto a otras organizaciones de periodistas de América Latina, sobre la concentración de medios en la región, reunión en la que también se hará presente la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que agrupa a propietarios de prensa del continente.

La dirigenta manifestó su inquietud ante la situación de concentración mediática, heredada de la dictadura y agudizada por la desaparición de medios durante los gobiernos de la Concertación.

“Consideramos que hoy día la institucionalidad mediática que tenemos en Chile no responde a los cánones mínimos de la democracia que debieran garantizar derechos tan básicos como la libertad de expresión, el derecho a la comunicación universal, ente otros. Se suele pensar que la libertad de expresión está garantizada si no te matan en la calle porque dijiste algo adverso al gobierno de turno, pero en verdad todos los estándares internacionales y todos quienes hemos entrado un poquitito más en este debate, hemos planteado que la libertad de expresión implica tener la posibilidad de que distintas diversidades que integran una sociedad puedan entregar su mirada, su punto de vista, su opinión y que eso tenga alguna cabida en el debate que los medios públicos entregan”.

Por lo mismo añadió que “tenemos un derecho no garantizado”, como otros, por ejemplo a la Educación o a la Salud. “El problema es que este derecho es mucho más invisible”, dijo, cuando parece que existe una amplia gama de medios, que hay posibilidad de que cualquiera diga lo que piensa, pero, al hurgar un poco se descubre que hay sólo dos cadenas de diarios, que casi un 50 por ciento del espectro radioeléctrico para un conglomerado radial y no hay televisión universitaria, cuando la TV pública se financia con publicidad”.

Por todas estas razones, la presidenta del gremio profesional afirmó que el caso “es bastante paradigmático para Latinoamérica”, y añadió que en la región hay procesos que han generado leyes de medios muy interesantes. En ese sentido sostuvo que Chile se ha tardado más y planteó una hipótesis al respecto.

“Hubo aquí una definición política, fundamentalmente por los gobiernos de, comillas transición, de la Concertación, hubo una decisión política de no tomar este tema y dejarlo a la libertad del mercado. Hoy día hay casos paradigmáticos como el caso Penta, el caso Caval y tantos más que te ilustran que aquí hubo una mercantilización de la política. En particular el caso Penta, o sea, habían negocios truchos para estafar al estado y solventar campañas, campañas que eran puestas en marcha por los mismos medios de comunicación que, lamentablemente, se prestaban para darle cobertura. Es lamentable, porque el mercado no va a tomar en cuenta a aquellos sectores de la sociedad que, entre comillas, no venden”.

Javiera Olivares hizo un llamado a mirar el vecindario y observar lo que ha pasado con la experiencia de generar regulaciones que aseguren el acceso a la información de los diversos sectores.

Cabe recordar que el Colegio de Periodistas ha aportado porque en este gobierno se trabaje el tema, que se abra un diálogo social participativo promocionado por las autoridades que, a la larga sea un debate pre-legislativo que permita culminar con un proyecto de ley de medios favorable para la democratización de las comunicaciones.

“Justamente toda esta discusión, la reunión con la presidenta Bachelet, con organizaciones sociales, con el mundo de la academia es parte de una agenda de trabajo que estamos desarrollando como colegio. La visita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su relatoría de expresión es parte de esta agenda y tiene que ver con una articulación que estamos desarrollando con distintas organizaciones de las comunicaciones América Latina (hay que decir que con nosotros va Uruguay, Brasil, Argentina, Perú, Guatemala, representantes de esos países), donde vamos a ir a denunciar la situación de la libertad de expresión de nuestros respectivos pueblos, y cómo la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en pocas manos, atenta contra ese derecho”.

Ese mismo día la relatoría de libertad de expresión de la CIDH recibirá en audiencia a la Sociedad Interamericana de Prensa, dueños de los grandes medios impresos, quienes también van a entregar su mirada y van a generar un contrapunto que permitirá a la relatoría expresarse y recomendar a nuestros pueblos como fortalecer su democracia.