Ley de migraciones, integración y el quehacer en regiones

una nueva y desconocida realidad, obligado proceso de adaptación en el cual muchos sueños fracasan y mueren.

Nuestro país se ha ido construyendo con los pueblos originarios y el aporte de inmigrantes. Los primeros llegaron más con la espada que con la cruz, a “descubrirnos y conquistarnos”, otros a “colonizar” nuestras tierras del sur, muchos enganchados o como esclavos para servir a las clases sociales emergentes, a vender su fuerza de trabajo o iniciar actividades comerciales y empresariales en estas nuevas y precarias economías de periferia. Eran españoles, alemanes, franceses, griegos, ingleses, palestinos, italianos, chinos, africanos, japoneses, árabes, entre muchas nacionalidades que se expresan en los apellidos de “las antiguas familias chilenas”. Nuestro país desde su formación abrió sus puertas a quienes llegaban huyendo de la opresión política, económica o social, que las obligaba a dejar su patria para “probar suerte” en tierras extrañas. Estas mismas circunstancias a partir de 1973 obligan a un millón de chilenos migrar hacia otros países, porque la Dictadura Militar no les daba seguridad de sobrevivencia económica, social, ni de vida en su país.

Arica y nuestra región, como consecuencia de la Ley que creó el Puerto Libre, acogió a miles de inmigrantes de las decadentes salitreras, de las sequías seculares del norte chico o de la cesantía de la capital, casi todos, “quemaron naves”, se afincaron en esta soleada tierra y contribuyeron con los nativos del recién incorporado territorio chileno, a crear un enclave de desarrollo económico y social, que integraba lo público, lo privado y lo comunitario, con una administración política descentralizada bajo el alero de la Junta de Adelanto.

Hoy, en una nueva realidad en Chile, la globalización de las economías retrata a dos grupos humanos diferentes de inmigrantes que atraviesan nuestras fronteras en los últimos 30 años: Unos pertenecen a grupos económicos transnacionales de EE.UU., Canadá, Europa, Asia; que llegan a comprar todo lo que el Estado y los gobiernos venden de nuestro patrimonio: empresas públicas, electricidad, gas, aguas, sanitarias, bosques, minas, islas, territorios, universidades, recursos marinos, litoral, etc., etc. Estos son los inmigrantes “buenos” a los que el Estado les da garantías y leyes especiales para que se queden e inviertan, pues “dan trabajo y ayudan al crecimiento económico del país”, aunque con la sobreexplotación de trabajadores y recursos naturales, maximizan la plusvalía para incrementar sus capitales que los retornan a sus países, sin pagar en Chile royalties, ni impuestos.

Los otros inmigrantes son grupos humanos que ingresan cargando junto a sus necesidades e ilusiones, sólo su fuerza de trabajo. En su mayoría son morenitos, bajos de estatura, quechuas, aimaras o afro descendientes. No compran acciones ni licitan empresas ni recursos naturales, sólo venden lo que saben hacer: trabajar. A estos se les discrimina, acosa y persigue se les llama “ilegales”, se les investiga, detiene y se les devuelve a sus países. Estos son los inmigrantes que, en nuestra región, con salarios miserables y condiciones inhumanas de vivienda y trabajo han aumentado la superficie agrícola y han hecho verdear el Valle de Azapa, son las nanas que cuidan nuestros hijos e hijas y nuestras casas, hornean el pan que consumimos, son albañiles, manipulan y sirven los alimentos que consumimos en locales públicos.

Así como hemos levantado nuestra voz para repudiar prácticas feudales del pasado cuando funcionarios del Estado salían a los valles a “cazar inmigrantes medieros” para deportarlos bajo juicio sumario, muchas veces denunciados por sus propios patrones, en tiempos de cosecha; hoy lo hacemos para apoyar la creación de una nueva Política y Legislación sobre Migraciones que se imbrique con la Legislación Laboral, pues hasta hoy este puente cortado entre ambas legislaciones ha dado pie al abuso, y evidencia a la vez la obsecuencia de la legislación actual que data de 1975.

Pensamos que todo trabajador/a inmigrante, al margen de su nacionalidad, debe tener Contrato de Trabajo, con respeto al salario mínimo garantizado por ley, cumplimiento de las leyes laborales, sociales, de salud, de previsión y recibir protección por accidentes laborales. Abolir todo trabajo forzado o gratuito, y el régimen de servidumbre de las trabajadoras del hogar y protección de los hijos de los trabajadores.

La legislación sobre la Migraciones debe abordar todas las medidas tendientes a eliminar la explotación y la opresión económica y social. A igual trabajo, igual salario; además de abordar la reglamentación contra todo trato desigual y persecución, legislando sobre la dignificación del migrante y contra todo autoritarismo y desprotección consular del ciudadano extranjero. La nueva legislación que hoy está en estudio, es una oportunidad para que el Estado en un escenario de internacionalización de las economías, aborde en forma integral esta temática que afecta a más de 370.000 mil inmigrantes que viven en nuestro país, a muchos de los cuales se les somete a un trato laboral y social discriminatorio y vejatorio, que pone al país a un nivel propio de sociedades esclavistas o feudales.

Por último pensamos que una efectiva descentralización y autonomía Regional debería entregar a lo Gobiernos Locales y a sus Servicios Públicos, en especial en la Regiones Bifronteriza como Arica y Parinacota, la capacidad de resolver estas temáticas propias de su condición geopolítica , bajo un criterio de integración política, económica y social con los países vecinos convirtiendo esta zona, en una área geográfica desmilitarizada y de paz, con la creación de estructuras de administración política participativas y propias, conformando mesas de trabajo permanentes públicas-privadas-comunitarias para establecer la visión y los ejes estratégicos de desarrollo que caracterice a Arica Parinacota como región modelo para el futuro país que debemos construir.