Migración: Cuando la libertad de las personas hizo gritar con fuerza al Obispo de Arica

27 Abril 2021
La reacción de la Iglesia era fuerte. Posiblemente esta era la declaración más fuerte que en este último tiempo la iglesia católica había tenido frente a la situación migrante en Chile.
Marcelo Oñederra SJ >
authenticated user Corresponsal Corresponsal Ciudadano

En los últimos meses en la zona norte de Chile el tema migratorio ha sido noticia. Nadie pudo quedar indiferente de la gran cantidad de extranjeros que entró por una pequeña localidad llamada Colchane.

Miles de ciudadanos venezolanos entraban con sus niños de la mano y algo de abrigo en medio de las frías temperaturas que presentan la altura altiplánica. Rápidamente organizaciones pro-migrantes acudieron a la zona a prestar las primeras ayudas de emergencia: campamentos de emergencia, baños sanitarios, carpas y organizaciones como OIM ( ONU Migración) se hacían presente. La gran cantidad de personas que había entrado por pasos no habilitados cercanos a Colchane levantó el tema de la emergencia migratoria. Dos de esas personas fallecieron en la localidad, dejando un enorme dolor en las familias que les acompañaban. La mayoría de las personas fue llevada a recintos sanitarios para hacer su cuarentena, otros, luego ,quedaron en calle en la conocida plaza Brasil de la ciudad de Iquique. Personalmente pude ver lo bien que habían sido atendidos en el estadio de Iquique donde se había instalado un recinto sanitario. La mayoría de las personas migrantes eran de nacionalidad venezolana. Colchane se presentaba como la astilla en el pie de la nueva política migratoria.

Hace unas semanas fue promulgaba la nueva Ley de Migración. La cual disponía el caso  que a partir de 180 días de publicada la ley – el día 20 de abril -  toda persona que hubiese entrado por pasos no habilitados tendrían que abandonar el país de forma regular. De esta manera poder regularizar y dar la posibilidad de un nuevo ingreso regularizado. La realidad de las personas migrantes que habían entrado por pasos no habilitados las ponía en el peor escenario.

Pero el caso Colchane no se había olvidado. Durante la última semana se había visto en prensa aparecer la licitación de aviones para la repatriación de migrantes irregulares. Incluso se hablaba del arriendo de 1100 asientos que servirían de repatriación. El escenario se seguía presentando aún peor. Con el arriendo de estos vuelos lo que se veía venir era la inminente expulsión de migrantes no regularizados en Chile. En su mayoría ciudadanos venezolanos.

El viernes 23 de abril a las 17 horas unas 32 personas aproximadamente fueron citadas a los recintos de la PDI en la ciudad de Arica. Las calles que rodeaban el recinto estaban cerradas con vayas. Algo pasaba. Era extraño que a las personas se les citara en una hora que no era la costumbre. Miedo e incertidumbre provocaba dicha convocatoria.

La razón de dicha citación era para informarles que serían expulsados del país. En el caso de personas con hijos y con conyugues no serían expulsados.  Las personas quedaban detenidas para ser expulsadas en un avión desde la ciudad de Iquique. Con el pasar de las horas las familias fueras del recinto comenzaron a juntar las cosas de sus familiares detenidos. Después de tres días de publicada la ley se comenzaba la expulsión de ciudadanos extranjeros. ¿Los 180 días de la cual hablaba la nueva ley no tenía nada que ver con esta expulsión? Los 180 días parecían ser olvidados. Paralelamente en Calama, Iquique y Antofagasta sucedía lo mismo.

Durante la tarde un grupo de abogados de distintas instituciones locales se disponía a acoger las causas de las personas que podían ser expulsadas. El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) , INDH, y otras agrupaciones pro-migrantes comenzaban a tomar las causas y el acompañamiento a las familiares de las personas que se encontraban en la PDI. Se preparaba la causa para ser presentada en la Corte Suprema de Arica. Todo estaba en veremos.

Pocas horas pasaron del día sábado 23 cuando el Obispo de Arica, Moisés Atisha, también se sumaba a la causa por las personas detenidas. Así el prelado enviaba a la opinión pública una declaración con fuerza y determinación: “Manifiesto mi indignación y rechazo por los hechos acontecidos en el cuartel de la Policía de Investigaciones” “No podemos desconocer que las personas afectadas son de nacionalidad venezolana, país fuertemente asolado por la pobreza, hambruna, violencia y vulneración a los derechos fundamentales. Estamos frente a uno de los mayores éxodos vividos en la historia de Sudamérica, afectando intensamente a toda la región. Creemos que toda persona tiene derecho a vivir con dignidad y a buscar los medios para su subsistencia de forma lícita y legitima. Exhortamos al Estado de Chile que busque medidas de cooperación internacional que permitan encontrar una solución integral en la vida de las personas de nacionalidad venezolana que han deseado convertir a nuestro país en su nuevo hogar”.

La reacción de la Iglesia era fuerte. Posiblemente esta era la declaración más fuerte que en este último tiempo la iglesia católica había tenido frente a la situación migrante en Chile. Lo curioso era que para la prensa nacional no era tomada en cuenta, no así para la prensa internacional. Cuando una noticia de estas sale en el portal de prensa de  “Vaticans News”  es vista por millones de personas. De igual forma las iglesias ecuménicas reaccionaron con sus declaraciones públicas. Llamó fuertemente la atención la ausencia de las autoridades políticas de la región, ni candidatos constituyentes ni otros dijeron algo.

Se han abierto muchas preguntas sobre estas y otras expulsiones del país. La sensibilidad de la opinión pública es variada. Lo que no podemos negar es que la manera propuesta en la oficina de Investigaciones de Arica no cumplía con el derecho. Finalmente el día 24 de abril a Corte Suprema envío la orden de no innovar y disponer por tanto la liberación de las personas migrantes. Las causas presentadas por el grupo de abogados antes mencionados habían sido aceptadas por la Corte y cambiado el curso de la historia de las personas que se encontraban en la PDI de Arica.

¿Qué nos queda ahora frente a todo lo que sucedió en Arica?: se ha instaurado el miedo en la población migrante, sobre todo a personas solas que han ingresado al país en los últimos años por pasos no habilitados. Se corre el riesgo de la vulneración de los derechos de las personas en las mismas instalaciones de la PDI ( lugar donde se atiende a las personas, el no poder contar con una legitima defensa). Se instala la desconfianza cierta de los recintos sanitarios, pues estos corren el peligro de convertirse en la antesala de una expulsión. No se entiende al plazo de 180 días para salir del país si existe una orden de expulsión anterior a los 180 días. Se pone de manifiesto la importancia de una Corte Suprema que vela por los principios de derecho que pueden ser  vulnerados en cualquier persona.

A la salida de la Policía de Investigaciones las familias se encontraban de nuevo. Abrazos emocionados y personas lloraban al volver a encontrarse con sus seres queridos. Un día después, un avión desde Iquique partía con quienes no habían tenido la suerte de la organización y sensibilidad que se había logrado en Arica. Y en donde una voz en el desierto decía “manifiesto mi indignación y rechazo por los hechos acontecidos en el cuartel de investigaciones de Arica” (Cf: Obispo Atisha)