Opinión: Pensando en voz alta sobre la gestión de residuos en Chile

29 Septiembre 2013

Las municipalidades, apenas alcanzan a hacer la pega encomendada, y las que no pueden, pagan para que privados la hagan por ellas. Estas acciones todavía tienen un enfoque socio ambiental y no logran alcanzar la dimensión necesaria para constituirse en alternativas económicas.

Casa de la Paz >
authenticated user

*Por Sergio Betancourt, Ingeniero en Gestión Ambiental y Post graduado en Gestión Educativa.

En el contexto de Chile, la problemática sectorial analizada por diferentes actores y a través de diversos documentos públicos, por ejemplo, la “Política de gestión integral de residuos sólidos”; Estudio, “Levantamiento, análisis, generación y publicación de información nacional sobre residuos sólidos en Chile”nos muestra una realidad en la que el manejo y la disposición final de los residuos, es de responsabilidad de las Municipalidades (así lo establece el Código Sanitario (1967) y la Ley Orgánica de Municipalidades (2006)); éstas a su vez ejecutan o terciarizan el servicio, que en la práctica consiste en barrer, recolectar, transportar y enterrar lo más rápidamente posible todos los desechos. Este modelo orientado hacia la disposición final como prioridad principal, aporta a la solución del problema desde una perspectiva sanitaria y ambiental, evita reclamos de la población  manteniendo limpias –o por lo menos libres de la acumulación de basura – las áreas urbanas.

Sin embargo, este modelo tiene serias deficiencias que a lo largo del tiempo han ido generado problemas, como su propia sostenibilidad financiera, por los altos costos del servicio que cada municipalidad debe asumir y que cada vez se hacen mayores – más crecimiento, más consumo, más residuos; la falta de espacios aptos para el depósito final y el tratamiento adecuado; además de, los diferentes grados de contaminación y de degradación del medio ambiente; pero sin duda el tema que aún no es tocado, es el del rol que le cabe a la ciudadanía como generador. Existe una visión sesgada del proceso dentro del sistema, se miran sólo los derechos y no las responsabilidades con respecto a la generación y disposición adecuada; así, nuestra propia tierra, está tragándose los residuos que generamos – porque los enterramos casi todos – y en cualquier momento, ojo!!! Podría venirle el deseo de vomitar.

El estudio “Levantamiento, Análisis, Generación y Publicación de Información Nacional sobre Residuos Sólidos en Chile” establece para el año 2009 una generación nacional de 16,9 millones de toneladas, de las cuales 6,5 millones corresponden a residuos domiciliarios y un 33% de estos son materiales potencialmente valorizables. El estudio establece también la tasa de valorización para el mismo año en un 10%.

Ahora bien, no estamos en foja cero, las intenciones de solución o más bien de abordaje integral a la gestión de los residuos, que incorporen dimensionalmente lo social, ambiental y económico, pasan actualmente por diferentes actores y estrategias. Existe desde el año 2005 la Política de Gestión de Residuos Sólidos, en este marco, el gobierno en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente sometió recientemente a consideración parlamentaria la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor (REP), que consiste de otorgar a los productores la responsabilidad de organizar y financiar la gestión de los residuos que generan sus productos – estableciendo una priorización de productos basada en criterios de volumen, peligrosidad, potencial de valorización y experiencia comparada (Aceites; lubricantes; Aparatos eléctricos y electrónicos, incluidas las lámparas o ampolletas; Diarios, periódicos y revistas; Envases y embalajes; Medicamentos; Neumáticos; Pilas y baterías; Plaguicidas caducados; Vehículos), además de establecer metas de recolección y valorización y definir sistemas de gestión que deberían aplicarse para cada tipo de producto – la gestión podría ser realizada de manera individual y/o colectiva, facilitando la participación de los/las recicladores/as de base que puedan organizarse para este efecto; el enfoque del instrumento normativo apunta a que las leyes de mercado serán las que resuelvan el asunto incrementando la valorización de los residuos. Así, es nuevamente el “mercado” el llamado a regular.

Las municipalidades, apenas alcanzan a hacer la pega encomendada, y las que no pueden, pagan para que privados la hagan por ellas a través de licitaciones millonarias, acusadas en varios casos de corrupción y cohecho; algunas, principalmente a partir de la visión política y estratégica de sus líderes, desarrollan iniciativas ambientales de promoción de la separación en origen o en puntos limpios y, en menor medida, incluir en estas iniciativas a los/las recicladores/as de base, más o menos organizados, e interactuar con los vecinos para generar responsabilidad compartida, pero estas acciones todavía tienen un enfoque socio ambiental y no logran alcanzar la dimensión necesaria para constituirse en alternativas económicas que reduzcan el gasto público y que generen empleo sostenible.

El principio del asunto es que los residuos son un negocio; lo que la sociedad de consumo desecha puede reinsertarse en los procesos productivos desarrollando una cadena de valor que está en movimiento desde los tiempos de la revolución industrial, sus actores, también a lo largo del tiempo, son los mismos; industrias que requieren bajar sus costos, intermediarios que acopian cantidades y volúmenes mayores y los pobres del sistema, que cuando pierden, o no encuentran, o no quieren encontrar opciones laborales, recurren a la basura – que está por todos lados y cada vez en mayor cantidad para sobrevivir, para subsistir y a veces , para generar su autoempleo informal.

En esta cadena, es posible hacer que todos sus eslabones sean fuertes para tirar un poco más parejo y generar un sistema de reciclaje sustentable, claro que hay que sacarle mucha herrumbre al fierro, las municipalidades tienen que apostar por estrategias integrales e inclusivas para la gestión de sus residuos – desde las decisiones políticas, la planificación, la participación ciudadana, hasta la ingeniería financiera – las empresas tienen que actuar con responsabilidad corporativa, seguir las directrices en los campos económico, social y medioambiental emitidas por la OCDE y hacer negocios inclusivos; los recicladores/as, el eslabón más débil, los que deben ser incluidos,  tienen que saber cuántos son, donde están y a qué están dispuestos; fortalecer su organización y generar credibilidad es  su primer reto; luego la profesionalización del oficio de reciclador, orientada hacia la prestación de servicios de recolección diferenciada y hacia la provisión de materia prima pre procesada, son grandes oportunidades, por ahora, sólo oportunidades.