Organizaciones de la sociedad civil respaldan proyecto que reforma la Ley de Tránsito

Mediante una declaración pública entregada a las máximas autoridades del Ministerio de Transportes, una delegación de representantes de 53 organismos de la sociedad civil, relacionados directamente con temas de movilidad y tránsito de Santiago y Regiones, oficializaron su apoyo al Proyecto de Ley de Convivencia Vial, que busca reformar la actual Ley de Tránsito.

El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados el 18 de mayo de 2016, por 107 votos a favor, sin rechazos ni abstenciones, encontrándose en este momento detenido y sin urgencia en la Comisión de Transportes del Senado.

Entre los firmantes figuran entidades tan diversas como la Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas –ANIM, el Automóvil Club de Chile, organizaciones ciclistas del país tan conocidas como Bici Ñustas y Ciclobiciosos Arica, Bicicultura, CicloRecreoVía, Muévete Santiago o Furiosos Ciclistas, pasando por Antofacleta o EnBicia2 de Valdivia, organizaciones de viandantes como Peatones Furiosos, numerosas organizaciones de víctimas de la violencia vial, y organismos de la solidez de Creo Antofagasta, la Sociedad Chilena de Ingeniería de Transportes –SOCHITRAN, el CEDEUS y el Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística de la Universidad Católica.

Junto a los organismos no gubernamentales, instituciones y agrupaciones firman también especialistas en temas de movilidad y transporte como Juan Carlos Muñoz, Lake Sagaris, Luis Ignacio Rizzi o Hernán Silva.

En opinión de las organizaciones firmantes “el Proyecto de Ley obedece a la actualización necesaria de una normativa obsoleta, que ya no responde a la realidad nacional, caracterizada por el surgimiento de diversas formas de movilidad, en donde los modos a energía humana y las motocicletas adquieren cada vez mayor relevancia y requieren de una normativa explícita que considere sus particularidades y su vulnerabilidad frente a los modos tradicionales”.

A juicio del Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Transportes, una de las entidades gestoras de este amplio consenso, el proyecto de ley establece un conjunto de medidas, que si bien no pueden responder en un cien por ciento a todas las demandas de los distintos sectores, sí recogen las necesidades más esenciales, aceptadas y reconocidas por todos, como un piso mínimo y necesario para avanzar hacia un sistema más equitativo, justo y seguro, que posibilite una mejor convivencia vial entre peatones, ciclistas, automovilistas, motociclistas, choferes y usuarios de transporte público y colectivo.

La disminución de 60 a 50 km/H de la velocidad máxima urbana, acompañada de la facultad otorgada a los municipios para crear calles y zonas de tráfico calmado, son medidas indispensables y probadamente eficientes para reducir la mortalidad y gravedad de las consecuencias de los siniestros de tránsito. Chile duplica la tasa de mortalidad promedio, entre los miembros de la OCDE, siendo la velocidad el factor más urgente de enfrentar a juicio de los firmantes, entre los que figuran organizaciones de víctimas de violencia vial como Familia de Soraya Olivares Pizarro, ONG No Chat a Bordo, Fundación Corazón de Magdalena, Conciencia Vial y la red OSEV de organizaciones ciudadanas de seguridad vial.

La declaración pública, si bien reconoce positivamente el rol jugado por el Ministerio de Transportes al posibilitar un proceso de diálogo y conciliación entre intereses diversos y establecer canales y formas de difusión, participación y consulta hasta alcanzar esta forma final de Proyecto de Ley, que cuenta con el compromiso de respaldo transversal de conocidas organizaciones de la sociedad civil, hace un llamado a los poderes ejecutivo y legislativo a hacer de la seguridad vial un asunto central de Estado, a asignar Suma Urgencia al proyecto y a la sociedad chilena a respaldar la Reforma con generosidad y decisión.

Revisa la declaración ACÁ