Presos por el estallido social en Arica y la juventud truncada por la represión estatal

21 Julio 2020

Cinco jóvenes de Arica estuvieron en prisión preventiva luego de ser involucrados en delitos relacionados a la protesta social. Uno aún sigue preso por una querella presentada por Intendencia de Arica y Parinacota.

Estefani Carras... >
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Durante el estallido social iniciado el 18 de octubre de 2019 y hasta marzo de 2020, se evidencio el descontento total hacia el sistema económico y polìtico de Chile, el cual ha repartido desigualmente los recursos, endeudando a la comunidad, enriquecido a los más ricos y potenciando a las grandes empresas privadas. En practicamente todas las ciudades de Chile se realizaron multitudinarias manifestaciones, siendo la reacción del gobierno una fuerte represión en vez de escuchar a la comunidad.

De acuerdo al Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, a marzo de 2020, más 3800 personas fueron heridas por agentes del estado en contexto de las manifestaciones, ya sea por balas, balín, perdigones, lacrimágenas o golpes. Más de 400 personas sufrieron lesiones oculares, entre ellos los casos emblemáticos de Gustavo Gativa y Fabiola Campillay, quienes perdieron la visión de sus dos ojos.  Asimismo, hay más de 1800 víctimas de querellas por violencia sexual, torturas, tratos crueles y uso excesivo de la fuerza por parte de policías estatales. En estas causas, aún no hay ningún funcionario detenido.

Es en este contexto nacional, más de 2500 personas, en su mayoría jóvenes, fueron detenidos con prisión preventiva. Durante marzo de este año, la Comisión Chilena de Derechos Humanos solicitó publicamente revisar cautelares de estas 2500 personas y los denominó presos políticos.

El abogado penalista, Julio Cortés Morales, a través de una columna de opinión en Radio Universidad de Chile explicó el concepto basándose en el Informe de la Comisión Valech,  señalando que existiría motivación polìtica en la privación de libertad o la tortura “cuando tal motivación estaba presente en los agentes del Estado que las ordenaron o realizaron”. La motivación política “no siempre es evidente y de hecho la actividad represiva siempre buscó respaldo en la supuesta defensa de la seguridad del Estado, del orden público, de la lucha contra el terrorismo, etc”.

Nicolás Toro, abogado de la “Coordinadora del Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo” y parte de la “Coordinadora 18 de Octubre en Santiago”, comentó que hay varias definiciones entorno al concepto de prisionero político, siendo el más restringido el encarcelamiento por opiniones y el más amplio aquellas personas que se oponen a un régimen, siendo encarlados por acciones.

“Más allá de la discusión de definición de preso político yo te digo los indicios para  entender que hablamos de prisión política. Los estados nunca van a reconocer los prisioneros y prisioneras políticas,  los trataran como prisioneros comunes, incluso cuando las leyes sean lo más política posibles, diran que son leyes comunes”.

Los indicios, indica Toro, son el marco normativo, el tratamiento de los poderes del estado y el uso desproporcionado de la prisión preventiva.

“En el marco normativo está por ejemplo la Ley de Seguridad del Estado, la cual surge en el ’58 después de la rebelión contra Ibáñez del año ’57, la cual comenzó siendo estudiantil y luego de todo el pueblo de Chile, dado en el contexto del alza del transporte público, donde también hubo estado de sitio y muertes. Un contexto similar al estallido social de 18 de octubre. La ley justamente buscó aplacar movimientos sociales y populares”.

El abogado afirmó que la Ley de Seguridad del Estado ha permitido que mucha gente pase a estar en prisión preventiva por hechos comunes, “el caso del profesor de matemáticas, que por pegarle a un torniquete del metro, lo cual es un daño menor,  termina en prisión preventiva. Hay querellas por esta ley incluso por convocar movilizaciones, pasó con los chicos de la Aces, lo cual es claramente político”.

En el caso de la Ley de Control de Armas, que es por la que estuvieron en prisión Cristopher y Tania, Nicolás Toro dice que ocurre lo mismo: “sus últimas modificaciones, lo que han hecho es intentar abordar un fenómeno que no podía ser tomado por la Ley Antiterrorista, en relación a la magnitud de los hechos. El ejemplo más común en estos casos es la molotov, el artículo 14 D, también tiene un fundamento ideológico porque se ha ido transformando en todos los proesos de rebelión en este país: en 2006 y el 2011 se vuelve a modificar”.

Respecto al tratamiento de los poderes del estado, Nicolás Toro menciona las conductas represivas hacia la gente que se moviliza. “Las Cortes de Apelaciones, por ejemplo, han revocado todas las medidas de libertad que se han dado en distintos casos para asegurar la prisión preventiva. Han sancionado a los jueces que se han opuesto a estas medidas desproporcionadas, como pasó con el Juez Daniel Urrutia. El Tribunal Constitucional justo cambio de jurisprudencia para rechazar los requerimientos y la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la ley de control de armas y las constantes querellas del ministerio del interior por hacerse parte de todos los procesos de hechos de connotación pública después del 18 de octubre, para segurarse que la gente quede privada de libertad”.

Respecto al uso desproporcionado de la prisión preventiva, comentó que ocurre con hechos que no arriesgan como futura condena, penas privativas de libertad: “Siempre va a ser un uso absolutamente desproporcionado la prisión preventiva, porque quiere decir que la prisión es en el fondo un castigo social”.

Cinco jóvenes de Arica estuvieron en prisión preventiva luego de ser involucrados en delitos relacionados a la protesta social. Cristopher y Tania tuvieron la oportunidad de salir de la Cárcel de Acha con la medida cautelar de arresto domiciliario, al igual que dos de sus pares. Sin embargo, durante ocho meses lleva en prisión preventiva Roberto Saavedra, joven acusado por el articulo 14 D de la Ley de Control de Armas y la Ley de Seguridad del Estado, querella realizada por la Intendencia de Arica liderada por Roberto Erpel (UDI).

Como resultado de todo este proceso, en Arica un grupo de jóvenes trabajadores y estudiantes conformaron la Coordinadora por la Libertad Arica, organización que informa a través de redes sociales el estado de los prisioneros de la revuelta social y realizan actividades en beneficio a las familias de los afectados.