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Hace ya un tiempo que las elecciones de gobernadores regionales corren serio peligro. En enero de este año, el Presidente se mostró favorable a suspender la elección, y hace unos días atrás, el senador Jaime Quintana (PPD), comulgó con esta idea. Estos dichos generaron reacciones de rechazo transversales, incluyendo una declaración firmada por 288 personas, entre diputados, senadores, alcaldes y figuras relevantes del mundo de la política. A nivel local, este fin de semana se difundió una encuesta de intención de voto sobre los candidatos a gobernador regional de Arica y Parinacota más relevantes. Esta encuesta fue rechazada por parte de varios de los potenciales candidatos, aludiendo al delicado panorama político actual; sin  embargo, uno de ellos (el señor Lee), se dio por ganador de la misma a través de sus redes sociales. Mas no deja de ser llamativo el hecho mismo de su realización, que generó numerosos comentarios, colocando en el foco de la opinión pública regional el delicado asunto de los gobernadores regionales. Por ello, resulta conveniente preguntarse: ¿es necesaria una elección de gobernadores regionales?, ¿Resulta ético preocuparse de ese tema teniendo presente la pandemia en la que vivimos?, ¿Es que acaso el tema no es relevante actualmente para la opinión pública?

La elección de gobernadores regionales forma parte de una agenda de descentralización de la Administración del Estado y del poder político territorial. En palabras simples, la descentralización consiste en traspasar todo o parte de ese poder y de esa administración, desde el Gobierno central hacia las regiones y los municipios. La descentralización administrativa y política del territorio nacional ha sido un largo anhelo de las regiones, cuyos orígenes se remontan a las Leyes Federales de 1826, promovidas por Ramón Freire, Manuel Blanco Encalada y José Miguel Infante. Pero desde esa fecha a la actualidad, la descentralización del territorio nacional ha avanzado a paso de tortuga. Así, la Constitución actualmente vigente, que data de 1980, establece en su artículo 3 que “El Estado de Chile es unitario. La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada, o desconcentrada en su caso, de conformidad a la ley”. De manera tal que, conforme al marco constitucional vigente a la fecha, la única descentralización admitida es la descentralización administrativa, pero no la política. Por ello, el mayor logro de las regiones, para avanzar hacia la descentralización política y administrativa del territorio consistió en la promulgación de las leyes 21.073 y 21.074, el pasado mes de febrero de 2018. La primera consagra la elección popular de los gobernadores regionales, y la segunda establece una transferencia de numerosas competencias, desde el Gobierno central hacia los gobiernos regionales.

Los gobiernos regionales constituyen, actualmente, el nivel regional de descentralización territorial administrativa y política. Está compuesto por dos órganos principales: el gobernador regional (el antiguo Intendente), y el consejo regional, cuyos miembros son elegidos por votación popular directa. La función principal de los gobiernos regionales consiste en la administración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Este Fondo es, básicamente, una suma gigante de dinero, asignada anualmente por el Gobierno central, respecto de la cual los gobiernos regionales pueden disponer de ella según las necesidades de cada región. Quien propone, siempre, la forma en cómo ese fondo debe distribuirse, es siempre el Gobernador Regional, y el Consejo Regional se limita, simplemente, a aprobar o rechazar las propuestas presentadas. Esto resulta relevante porque, actualmente, el Gobernador Regional (ex Intendente), es designado directamente por el Presidente de la República. Es decir, el Gobernador Regional es un funcionario público de exclusiva confianza del Presidente, un simple funcionario más que se limita a seguir las instrucciones dadas por su jefe, el Gobierno central. Sin embargo, si los gobernadores regionales son electos por votación popular directa, éstos ya no tendrán ningún jefe (salvo sus electores), sin tener que acatar o recibir instrucciones por el Gobierno central. El Gobernador Regional será completamente autónomo en la toma de sus decisiones, lo que constituye la quintaesencia de la descentralización del poder político.

Esta distinción entre gobernadores designados, y gobernadores electos, resulta sumamente relevante en la práctica, y sobre todo, adquiere aún más relevancia en tiempos de crisis. Precisamente porque su labor principal consiste en la distribución del FNDR, las decisiones que tome el gobernador regional en torno a éste, pueden influir en una mejor calidad de vida para los ciudadanos y ciudadanas de la región. Un buen proyecto, una buena medida, financiada a través del FNDR, puede repercutir directamente en la calidad de vida de las personas que residen en la región. Y precisamente por eso, se requiere que el gobernador regional sea electo. Tomemos como ejemplo el actual Gobernador Regional de Arica y Parinacota, don Roberto Erpel. Él asumió en su cargo en medio de la crisis por el estallido social, donde la gestión de la gobernadora regional antecesora (doña Loreto Letelier) fue altamente criticada por su nula ejecución presupuestaria, esto es, su incapacidad para generar proyectos y, en buen chileno, su nula capacidad para gastar el FNDR. Pero además del estallido social, al actual Gobernador Regional le ha tocado lidiar con la pandemia actualmente en curso. No cabe duda que don Roberto Erpel es una gran persona (tuve el honor de conocerlo durante mi trabajo como asesor jurídico del Gobierno Regional en 2016 y 2017, y tengo las mejores impresiones de él), pero el simple hecho de que es un funcionario designado por el Presidente de la República limita su actuar, pues debe obedecer las instrucciones precisas del Gobierno central en materia de inversión y gasto del FNDR.

Sin embargo, existe un margen de discrecionalidad en la gestión del FNDR, que justamente, durante la gestión de esta crisis, no se ha efectuado de la mejor manera posible. Pongamos un ejemplo. ¿Puede el Gobierno Regional aprobar la compra de canastas de alimentos para la población más vulnerable? La respuesta es afirmativa: el FNDR autoriza la adquisición de activos no financieros (compra de bienes), a través de la partida presupuestaria respectiva (Programa 02, Subtítulo 29). ¿Por qué no se ha hecho? Por falta de voluntad política. El hecho de que el gobernador regional sea designado por el Presidente, implica que éste no responde ante los ciudadanos y ciudadanas de la región, sino que responde ante quien lo designa en el cargo. Su jefe no es la ciudadanía, sino que el Gobierno central. Otro ejemplo: ¿se puede suspender la realización del concurso del 6%? (el 6% es un fondo que se reparte por el Gobierno Regional a organizaciones deportivas, culturales, sociales y de seguridad ciudadana) La respuesta, también es afirmativa: es facultad exclusiva del Gobierno Regional distribuir esos fondos. ¿Por qué no se ha hecho? Porque no hay voluntad política. El 6% constituye una enorme cantidad de fondos a disposición del Gobierno Regional, y que podrían ser reconducidos a, por ejemplo, las anteriores compras de alimentos, o bien, a adquirir insumos para que los niños puedan obtener los medios para poder continuar con sus clases online, o incluso, a subsidiar directamente a las personas más golpeadas por la crisis, a través de un bono, o bien a través de la cesión de esos fondos a las municipalidades. Por lo tanto, ¿resulta ético repartir fondos para, por ejemplo, giras de viajes deportivos, o compras de pelotas de fútbol, cuando en la región tenemos necesidades más acuciantes? O bien, ¿resulta ético que el Gobierno Regional no vaya en apoyo de las familias más necesitadas, por medio de canastas de alimentos u otra medida semejante, para destinar fondos a, por ejemplo, la compra de trajes para el carnaval? Todas estas preguntas deberían ser debatidas por la ciudadanía, y precisamente por ello, es que la discusión en torno a la elección de los gobernadores regionales adquiere, si cabe, aún más importancia en la actualidad, y debe ser prioritaria.

La descentralización es buena para la sociedad. Recordemos que, durante esta crisis, los actores políticos mejor evaluados han sido los alcaldes (en general), en desmedro del Gobierno central, cuyas cifras de aprobación son de espanto. ¿Debemos dejar en manos de un gobierno central, con cifras tan abismales de aprobación, la gestión regional de la crisis? La respuesta es negativa. Se necesita mayor proactividad a nivel regional, mayor compromiso con la ciudadanía de la región. No basta con que el Gobernador Regional esté fiscalizando a los deliverys; la ciudadanía le pide más que eso. Le pide liderazgo y gestión. Cosas de las que, lamentablemente, los últimos dos gobernadores regionales han carecido.

Y como guinda del pastel, hace poco el Gobierno central recortó en un 3% el FNDR asignado para la región. Porque para el Gobierno central, Santiago tiene prioridad. Santiago es Chile. Y al parecer, el Gobernador Regional opina lo mismo.