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La forma en que los agentes públicos ven al Estado resulta relevante para establecer, y predecir, su futuro comportamiento. Si los agentes ven al Fisco como una organización de medios tendiente hacia el bien común, y sus actos tienen por finalidad la satisfacción de los intereses públicos por sobre los particulares, entonces estamos en presencia de un Estado robusto. Pero si, por el contrario, y como ha pasado desde que Chile es una república, los agentes ven al Estado como un inmenso botín de guerra, expoliable por quienes se encuentran actualmente en el poder, en beneficio propio o de sus cercanos, en desmedro del interés público, entonces nuestra democracia y nuestra visión de Estado corren un serio riesgo. ¿Qué visión de Estado prevalece en nuestra región? Veamos dos ejemplos.

Primero, los permisos “premium”. El artículo 7 de nuestra Constitución establece que ninguna autoridad puede ejercer más derechos o más atribuciones de los que las leyes expresamente le permiten, lo que se conoce como principio de juridicidad de la función pública. Las funciones del administrador regional se encuentran establecidas en el artículo 68 quáter de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; en ninguna de sus disposiciones se encuentra la facultad de dar permisos en estados de excepción constitucional. Por otra parte, el Jefe de la Defensa Nacional tiene, ciertamente, la atribución de decretar permisos conforme lo dispone el artículo 7 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Estados de Excepción Constitucional. ¿Por qué se optó por la primera opción, sobre todo, cuando el marco legal es sumamente claro? Por cálculo electoral. El Jefe Regional de la Defensa Nacional no tiene, que sepamos, aspiraciones políticas. Por el contrario, quienes actualmente se encuentran detentando posiciones de poder dentro de nuestras instituciones locales tienen como objetivo, instalarse como candidatos a las elecciones del próximo año, ya sea de alcalde, concejal, gobernador regional o asambleísta. Por ende, resulta más plausible, a efectos de ganar votantes, que una autoridad regional otorgue estos permisos, en desmedro de la indemnidad del ordenamiento jurídico.

Segundo, la adjudicación de las cajas de alimentos. No es mi labor determinar si en el escándalo de las cajas hubo o no fraude al Fisco por parte del administrador regional, o de las otras autoridades o funcionarios implicados; ésa será, eventualmente, labor de un juez. Pero lo que me interesa destacar son dos aspectos: primero, que se publicó que habían otros oferentes, con amplia experiencia en el mercado, que pedían un precio sustancialmente menor por cada caja que el adjudicatario final. Y por último, que el procedimiento, finalmente, fue paralizado por Contraloría debido a que el adjudicatario no tenía experiencia como distribuidor de abarrotes y alimentos al por mayor y al detalle.

Las autoridades regionales dijeron que estaban privilegiando “distribuidores locales”, aún cuando el precio de la oferta final de los otros concursantes era sustancialmente menor. Quedará por ver si es que las acusaciones de corrupción son ciertas o no. Pero, aun dejando de lado aquello, el artículo 10 de la Ley N° 19.886 es sumamente clara: se debe adjudicar al oferente que presente la propuesta más ventajosa. Es decir, la más rápida y la más barata. Pero al final, por privilegiar a los “distribuidores locales”, quienes salieron perdiendo, en todo este enredo, han sido los mismos de siempre.

El Estado, porque, si la adjudicación continúa, tendrá que desembolsar el doble de recursos por un producto más barato, y las personas en situación de necesidad, quienes, producto de esta chapuza, deberán seguir esperando a que les llegue su caja de alimentos. Siendo bien ingenuos, ¿por qué se optó por el adjudicatario local en vez del oferente que pedía un precio más barato? La clave está en el hecho de que se privilegió un “distribuidor local”. Por cálculo electoral. El sentido de pertenencia y la identidad, también, generan simpatías en los votantes.

Entonces, ¿qué visión de Estado prevalece en el Gobierno Regional? ¿Se privilegia el bien común o es que acaso el Estado, parafraseando a Enric González –uno de los mejores periodistas españoles–, consiste simplemente en “una cosa útil que sirve para colocarse, o colocar a los parientes”?

Juzgue usted.