a_uno_1133479_36db6.jpg [12]

El día de ayer fue aprobado en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que permitirá retirar el 10% de los ahorros previsionales de todos los afiliados a las AFP. Faltan muchos trámites aún para que el proyecto se haga realidad. Conviene preguntarse entonces, ¿a quiénes beneficiará el retiro de estos fondos? Para responder, debemos tener en cuenta algunos conceptos fundamentales, y por supuesto, algunas cifras relevantes.

La fuerza laboral en nuestro país puede dividirse entre fuerza laboral formal e informal. La formal consiste, en palabras bien sencillas, en aquellos trabajadores que cuentan con un contrato o documento escrito. La fuerza informal queda conformada por aquellos trabajadores que carecen de formalidades laborales, o bien, se trata de trabajadores independientes o por cuenta propia. Y según el sistema previsional vigente, solamente los trabajdores formales cotizan en el sistema de capitalización individual administrado por las AFP.

Según estadísticas del INE [13], a diciembre de 2019 existen 2.584.550 personas en el país que se encuentran trabajando de manera informal. Pero la fuerza laboral informal está compuesta por un grupo variopinto de personas. Entre ellas encontramos, por ejemplo, a profesionales que ejercen su oficio por cuenta propia, como por ejemplo, el médico o el abogado que atiende en su consulta particular. Pero sin duda la mayor parte de la fuerza laboral informal se refiere a personas que se emplean en ocupaciones de baja cualificación profesional, como por ejemplo, jornaleros, temporeros, empleados domésticos, vendedores ambulantes, etc. Todas estas personas no cotizan en las AFP, así que por tanto, no podrán acceder al retiro de parte de sus fondos (a menos que hayan trabajado antes de manera formal). Pero de cualquier manera, el beneficio del retiro del 10% de los fondos previsionales no está destinado a los trabajadores informales, por cuanto estos grupos pueden acceder a otro tipo de beneficios ya existentes, como los profesionales, que pueden acceder al beneficio de préstamos con cargo a la devolución del impuesto a la renta, y los trabajadores no cualificados, que pueden acceder a los beneficios del bono COVID, el Ingreso Familiar de Emergencia, las cajas de alimentos, etc.

Entonces, los trabajadores formales, o más precisamente, quienes se han ocupado la mayor parte de su vida como trabajadores formales, son los grandes beneficiarios del retiro de los fondos. Según estadísticas de la Superintendencia de Pensiones [14], a mayo de 2020, existen 10.950.962 personas que se encuentran afiliadas al sistema de AFP. El promedio de dinero que se encuentra en cada cuenta de cada afiliado equivale a la suma de $11.403.000.- Pero debido a la naturaleza de nuestro sistema de pensiones, a mayor edad, mayor cantidad de dinero que existe en la cuenta individual, ya que mientras más años ha trabajado una persona, mayores cotizaciones ha conseguido, y por lo tanto, su cuenta será más abultada. Esto quiere decir que, las personas que podrán retirar mayor cantidad de dinero, cercano al tope de 4 millones propuesto por el proyecto de ley, serán aquellos trabajadores próximos a jubilarse. Así, por ejemplo, el promedio de la cuenta individual de los afiliados con sesenta años de edad equivale al monto de $30.016.000.- Pero el grueso de los cotizantes lo constituyen aquellas personas menores de 45 años, en cuyo caso, el promedio de la cuenta equivale a la suma de $5.763.000.- Además, según un estudio de Ciedess [15], si tomamos otras variables como la renta imponible, sexo, rentabilidades, etc., alrededor de un 50% de los afiliados tiene una cuenta individual menor o igual a $4.000.000.- Esto quiere decir que, alrededor de 5 millones de chilenos podrán retirar de sus fondos una suma igual o superior a 400 mil pesos. Esta suma es sustancialmente mayor que cualquier bono COVID u otro semejante actualmente vigente. Pero no sólo eso: el proyecto de ley permite que, quienes tengan en su cuenta una suma igual o inferior a, aproximadamente, un millón de pesos, puedan retirar la totalidad de sus fondos; según Ciedess, alrededor de tres millones de chilenos se encuentran en esta hipótesis.

Entonces, según todo lo que hemos venido relatando, el retiro de los fondos va en ayuda directa a la clase media. ¿Por qué? Como vimos, aquellos que no cotizan son personas que, o están en situación de vulnerabilidad extrema, o se trata de profesionales con buenas rentas. Pero los que cotizan conforman la mayor parte de la fuerza laboral chilena, es decir, la clase media. Gente trabajadora, que se ha visto golpeada por la pandemia, con familias a su cargo, que se encuentra en apuros y cuya única opción es seguir endeudándose. Por ello no sorprende el alto apoyo que ha tenido la iniciativa del retiro de los fondos (83% según CADEM [16]). Porque la clase media en Chile es mayoritaria.

Pero otra cosa muy importante. Como hemos visto con el desastre de las cajas de alimentos y las quejas por el Ingreso Familiar de Emergencia, uno de los grandes defectos del Estado en materias de políticas sociales son los errores en la focalización, es decir, en que es muy probable que gente que no lo necesita termine siendo beneficiada y, al revés, gente que sí necesita los beneficios no recibe nada. Además de que, para focalizar, el Estado debe invertir en logística, organización y otros gastos. En cambio, el retiro de los fondos de las AFP tiene la particularidad de que la focalización la hace el mercado. Y según lo demuestran las cifras, el mercado está siendo más eficiente en distribuir los beneficios que el Estado. Pero no debemos olvidar a John Rawls, el filósofo político más destacado del siglo XX. Cualquier ley debe ir en beneficio de los menos favorecidos. Y el alto apoyo popular de la iniciativa del retiro de los fondos, está demostrando que las decisiones políticas que se toman escuchando a la ciudadanía, tienen beneficios empíricos muy superiores a las políticas que se toman de espaldas al pueblo.