Preparan batería de medios de prueba para lograr cárcel para el imputado.
Según informó radio Cooperativa, la Fiscalía de Arica y Parinacota está preparando un juicio contra Roberto Saavedra, argumentando que presentará una "batería de medios de prueba" en el juicio oral en contra el jóven ariqueño, acusado por distribuir y lanzar bombas molotov en las cercanías de la gobernación marítima y la rotonda Tucapal durante los incidentes ocurridos entre octubre y noviembre pasado durante el estallido social.
Es necesario destacar que para la legislación chilena, Saavedra se encuentra formalizado, en calidad de autor, del delito de infracción a la Ley de Control de Armas, que sanciona a personas que fabriquen, almacenen, distribuyan y arrojen artefactos incendiarios; y por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado, la cual está denunciada por la Intendencia de Arica y Parinacota.
La investigación es dirigida por una unidad especializada de la Fiscalía del extremo norte, junto con la Sección OS-9 de Carabineros y cuyo juicio oral se realizará en agosto vía remota.
El informe advierte que el imputado participó de los incidentes y desórdenes públicos registrados en la noche del 28 de octubre, frente a la Gobernación Marítima. En ese lugar, transportó una caja de cartón con al menos 5 bombas molotov, las que fueron extraídas por encapuchados para arrojarlas. Así, el acusado también lanzó uno de los artefactos en dirección a un furgón de carabineros estacionado, donde se encontraba el conductor del móvil, mientras a que a escasos metros se encontraban otros funcionarios de carabineros.
En tanto, en la noche del 11 de noviembre, y en el contexto de desórdenes públicos registrados en el sector de Rotonda Tucapel, el acusado también arrojó un artefacto incendiario en dirección a personal de Carabineros. Saavedra Mariani fue detenido en su lugar de trabajo, y posteriormente en su domicilio se incautó las vestimentas que utilizaba en las manifestaciones, además de un escudo metálico con manillas y 3 máscaras que usaba para protección contra los gases lacrimógenos. Por tales ilícitos, el acusado arriesga una pena única de 17 años y 6 meses
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