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Como azapeño/a durante muchos años crecimos viendo dos recintos militares en nuestra valle, uno en San Miguel a un costado del campus de agronomia de la UTA, el cual está registrado en el informe Valech como un recinto de tortura en la dictadura y el otro que está ubicado en el km 28, que a pesar de no estar a lo mejor en dicho informe, según los relatos de pobladores del valle, este recinto o parcela también se realizaban prácticas de tortura.

Hace unos años atrás, el ejército inició el proceso de entregar dichos recintos, el cual muchos dirigentes y autoridades veían este lugar como una solución a demandas de viviendas y de atención pública como la ampliación de la posta o CESFAM, una escuela, un retén de carabineros, un cuartel de bomberos, plazas y hasta una iglesia se había pensado, puesto que ahí está ubicada la capilla Santa Bárbara.

Pues bien, hace unos días un grupo de agricultores y pobladores chilenos y extranjeros con residencia, quisieron tomarse aquel terreno. Algunos dicen que fueron con fines productivos agrícolas y otros con fines sociales. Esta acción se debe a que en Azapa la demanda de productividad agrícola, cada día va creciendo, pero a su vez la problemática de acceso a la educación y a la salud, tema que está dentro de las demandas que salieron del estallido social, se ha demostrado en este conflicto. Muchos niños y niñas tienen que bajar a estudiar 15 kilómetros más abajo al liceo agrícola o 24 km más hasta la escuela Darío Salas y si no encuentran matrícula, deben llegar hasta la ciudad para tener el derecho a la educación. Del mismo modo, el tema de salud ha sido y es un problema muy grande en aquel sector. Por otro lado la inseguridad ha crecido bastante en dicho sector donde los carabineros no dan abasto para todo el valle al no ser Tenencia y seguir siendo Reten. 

Entonces, ese terreno del km 28 podría ser la solución a esta demanda social, pero resulta que no todos los azapeños y azapeñas sabían que aquellos terrenos fueron quitados injustamente a pobladores antiguos del valle por medio de la Cooperativa Sobraya en tiempo de dictadura, en la cual en la década del sesenta, en el marco de la reforma agraria fueron entregados con documentos formales esa superficie a dicha cooperativa. Esta situación hoy cambia todo el panorama, incluso al mismo ministerio de Bienes Nacionales que hasta hace un tiempo atrás aseguraba que era un bien fiscal. La cooperativa con documento en mano llevan un proceso judicial con el Estado, ya que existen documentos que avalan esta demanda que hoy ha generado un conflicto entre un sector de pobladores y las más de cincuenta familias que componen dicha cooperativa. 

De ser así que en dictadura fue confiscado dicho terreno para fines militares, podemos fácilmente interpretar que esta comunidad de Sobraya, también son víctimas de la dictadura en donde se violentaron y vulneraron sus derechos, en la cual hoy lo que ellos exigen es la reparación histórica como a muchas víctimas de la dictadura se les ha reparado. 

Lamentablemente todo este conflicto ha aflorado sentimientos de discriminación, xenofobia y de violencia física entre los mismos vecinos y vecinas que conviven en dichos sectores.  Las autoridades de todos los gobiernos que han pasado estos últimos 12 años, han sido oídos sordos a esta necesidad que en Azapa se necesita. Somos más de 13 mil habitantes en este valle y ya los colegios, jardines infantiles, centros de salud, carabineros y bomberos ya no dan abasto para atender a esta cantidad de personas que hoy en su mayoría viven en la parte alta del valle. 

Más allá de que sean chilenos, extranjeros, indígenas o afrodescendientes somos personas que hemos sido parte de un desarrollo en el valle y para la región, en donde lo único que pedimos es vivir en Dignidad.

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