cf.jpg [9]

Según el proyecto de ley que enviará la presidenta Cristina Fernández al Congreso, de las acciones expropiadas, el 51% pasarán a estar bajo control del Estado y el 49% restante se distribuirán entre las provincias petroleras.

“Somos el único país de Latinoamérica que no maneja sus recursos naturales”, dijo la presidenta Fernández al justificar la medida.

En un discurso en la Casa Rosada agregó que enviaría el mismo lunes al Congreso la iniciativa legal “de 19 artículos, con 50 páginas de fundamentos claros y precisos para recuperar la soberanía hidrocarburifera”.

La mandataria también dijo que YPF no ha estado reinvirtiendo sus dividendos en el negocio local, lo que ha ayudado, expresó, a que Argentina tenga que importar hidrocarburos.

Fernández dijo que “no va a contestar ninguna amenaza” a propósito de las reacciones que se han producido en España a raíz de que se supo la semana pasada que el gobierno argentino expropiaría a la empresa bajo control de la española Repsol.

“Soy una jefa de Estado y no una patotera”, agregó la presidenta.

Dijo que los empresarios locales “deben comprometerse a defender los intereses del país”, como según dijo, ocurre en los grandes países.

El corresponsal en Buenos Aires, Vladimir Hernández, indicó que el anuncio pone fin a semanas de especulación acerca del futuro de la empresa y marca un cambio significativo en la política energética argentina.

“Ahora el país se suma a la tendencia regional que prioriza que el Estado tenga un pie en el negocio de hidrocarburos al considerarlo como estratégico”, señaló Hernández.

Aunque Cristina Fernández anunció que habrá una profesionalización del personal estatal, sin colores partidistas, el reto de su gobierno será que la nueva YPF sea rentable.

El ministro de Industria y Turismo de España, José Manuel Soria, calificó la decisión tomada por la presidenta argentina de “hostil” y “discriminatoria”.

Según Soria, la decisión de Fernández “incumple el acuerdo verbal” al que llegaron ambos gobiernos.

Ese acuerdo, según Soria, establecía que “cualquier tipo de diferencia en relación con la empresa YPF debía ser resuelta de manera amistosa por los grupos de trabajo” de ambos gobiernos.

“En términos generales, cualquier gesto de hostilidad en contra de una empresa española en el resto del mundo, el gobierno de España lo interpreta como un gesto de hostilidad.

“El gobierno actuará en consecuencia”, señaló el ministro, quien agregó que las medidas concretas se anunciarán próximamente.

Fuentes: BBC, El País, CNN