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La nueva Ley de Incentivo Tributario a la Inversión en Investigación y Desarrollo (I + D) busca aumentar el número de empresas que invierten en este tipo de actividades. Según la legislación previa, las empresas podían utilizar sus gastos en I + D para obtener un crédito  tributario de 35 % del costo total del proyecto e imputar el 65 % restante como gasto (deduciéndolo de la base imponible de primera categoría), lo que abarataba hasta el 48 % el costo de las actividades de investigación. El uso, sin embargo, fue4 limitado. El monto de inversión desde 2008 no alcanzó los US$ 14 millones.

En su nueva versión, la ley I + D triplica el tope del beneficio tributario hasta 15.000 UTM por empresa al año y elimina algunos requisitos para permitir que entidades de menor tamaño inviertan en I + D. Adicionalmente, autoriza que las empresas usen el 35% del crédito tributario sobre inversiones en proyectos I + D realizados al interior de la compañía, sin tener que asociarse con un centro experto acreditado en Corfo, y flexibiliza el trámite de certificación de los proyectos.

Subyace a esta iniciativa la idea de que las innovaciones patentables son causa principal de los aumentos de productividad, que son los que generan crecimiento y empleo. Esto, sin embargo, no es así, pues la productividad resulta de innovaciones de muy diverso origen.

Cuando se observa que la investigación tecnológica involucra cuantiosos recurso en algunos países y es casi irrelevante en otros, sin que ello guarde relación con sus tasas de crecimiento, se aprecia que este tipo de investigación es un sector productivo más, comparable a cualquier otro en que un país pueda tener o carecer de ventajas comparativas.

La elección de la investigación tecnológica como destino de subsidios fiscales a través de un mecanismo tributario corresponde, en este sentido, a  una forma de política industrial. Hay bastante evidencia de que este enfoque no lleva a mayor crecimiento frente a la alternativa de utilizar esos mismos recursos en bajas tributarias para todos los sectores.

La ley I + D estimula los gastos en desarrollo. Recoge así el enfoque más amplio que reconoce en innovaciones y aplicaciones no patentables de tecnologías o métodos ya existentes un potencial dinamizador del crecimiento. Pero, siendo arbitrario subsidiar algunos proyectos de innovación, entre miles de acometidos diariamente por las empresas, y otros no, el nuevo sistema más liberal acrecienta el riesgo de que el subsidio estatal termine favoreciendo los de las entidades más capaces de presentar y aprobar proyectos, no necesariamente los más útiles para el crecimiento.

La ley considera, asimismo, subsidios para la investigación básica. Es bien sabido que ésta es fuente de externalidades que justifican subsidios, pero no es claro que el instrumento eficiente para lograr objetivos en ella sean los beneficios tributarios a las actividades en I + D en empresas productivas.

La búsqueda del crecimiento es exigente y supone enfrentar trabas laborales, energéticas o ambientales. Ante estos desafíos, un mecanismo de subsidio a ciertos tipos de investigación no contribuye significativamente e, incluso, puede provocar que se “filtren” recursos estatales a proyectos de poco impacto social. Lo que parece perfilarse es una evolución riesgosa desde una tasa de impuestos a las rentas de las empresas más baja y pareja a una más alta, acompañada de posibles vías para recuperar impuestos y un componente mayor de discrecionalidad estatal.

Foto:  Tecnalia [11] Flickr CC 

Fuentes: La Tercera / CNN Chile