No deja de impresionar la visceral reacción opositora ante la intención gubernamental por modificar la
Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE).
No está de más recordar que ella fue promulgada, entre gallos y medianoches, el 10 de marzo de 1990, un día antes de que Pinochet entregara el gobierno a Aylwin. Cualquier gobierno relativamente decente se habría abstenido de promulgar a último minuto una ley que compromete el futuro de todo un sector, el educacional. Más encima, una ley promulgada a espaldas de la opinión pública, sin debate alguno, salvo el que se debe haber dado entre los expertos y prohombres del gobierno. Si a eso se agrega, los altos quorums exigidos para su modificación, así como el sistema electoral binominal que ha inflado a la derecha, llegamos a la realidad educacional actual:
de mala calidad en la que impera una lógica libremercadista extrema y una LOCE inmodificable, que a la fecha la propia Concertación no se ha dado siquiera la molestia de intentar modificarla por no contar en el Congreso con la mayoría requerida. Eso hasta hoy, cuando gatillado por la revolución pingüina, el gobierno decide enviar al Congreso un proyecto de ley destinado a modificar la
LOCE .
Actualmente la
LOCE se centra en que el Estado debe resguardar la libertad de enseñanza, sin prestar similar atención al derecho a la educación. El proyecto propone equiparar ambos derechos.
La LOCE actual no obliga al Estado a financiar un sistema gratuito que asegure el acceso a la enseñanza preescolar; la modificación extiende esta obligación a la enseñanza preescolar.En la actualidad la
LOCE permite el financiamiento público a instituciones educacionales privadas con fines de lucro, creadas sin mayores exigencias respecto de su creación y continuidad. En paralelo las escuelas municipales deben funcionar con subvenciones irrisorias basadas en la asistencia. El resultado lo tenemos a la vista: una educación de mala calidad. Por eso extraña que se afirme que la LOCE no tiene nada que ver con una educación de calidad: tiene mucho que ver.
Lo anterior no implica que la LOCE sea la solución para una educación de calidad, pero ella contiene las bases conceptuales, los fundamentos, los cimientos, sobre las cuales se construye el sistema educativo. Lo que corresponde es que ella recoja la amplia experiencia nacional e internacional en la materia.
La derecha ha puesto el grito en el cielo por el tema del lucro. El quid del asunto es otro:
la calidad de la educación, la magnitud y destino del financiamiento público; que las reglas de juego sean parejas para todos; y que exista una rendición de cuentas transparente respecto del financiamiento público que reciben las instituciones educativas. No es justo que unos puedan seleccionar y otros no. No es justo que para unos rija un estatuto docente y para otros no. No es justo que existan establecimientos con financiamiento público que puedan lucrar y otros no. No es justo que con recursos públicos hagan lo que les dé la gana. De esto y muchas otras cosas es lo que el proyecto trata e invita a debatir con altura de miras lo que no se hizo con la
LOCE del 10 de marzo de 1990.
La pretensión de la derecha por perpetuar una
LOCE fraguada entre cuatro paredes nos está costando caro, y por tanto ella debe asumir en plenitud su responsabilidad en la materia.
