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Diversas organizaciones de mujeres y feministas, de todo el país, convocarn a una protesta para denunciar la violación constante del Estado a los derechos sexuales y reproductivos, y los derechos humanos de niñas y mujeres ante la criminalización del aborto en Chile, exigiendo la interrupción voluntaria del embarazo y un debate político público, participativo y democrático.

En una semana se conocieron públicamente los casos de dos niñas obligadas a mantener un embarazo forzado producto de las violaciones reiteradas de un familiar: en un caso se trató del padre de la víctima (de Lautaro), mientras que en otro (de Carahue) se investiga la responsabilidad del medio hermano de la menor que fue internada en el Hospital Tisné. Sobre esta niña, el feto era inviable por una malformación cardiaca incompatible con la vida; tras nacer sobrevivió solo unos días. Ambos episodios constituyen violaciones graves y reiteradas a sus derechos humanos.

La discusión sobre aborto se hizo pública a través de la prensa; el gobierno y algunos parlamentarios han insistido en informar el aplazamiento de la discusión legislativa en torno al aborto e insisten en sacar adelante el programa presidencial que aborda la interrupción del embarazo exclusivamente por tres causales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal o violación. Una vez más, las organizaciones de mujeres y feministas, que hace décadas trabajan en materia de derechos sexuales y reproductivos, y aborto, denuncian que las causales inscritas en el programa de gobierno son insuficientes para atender la demanda de derechos humanos de las mujeres, representando sólo el 3% de los casos de abortos a los que recurren las mujeres en Chile.

Mujeres y feministas exigen al Estado y al gobierno un mayor debate, abierto y participativo, donde se incluya la experiencia y trabajo de estas organizaciones y se reconozca su relevancia política en discusiones vinculadas con la vida y los cuerpos de las mujeres.

Antecedentes

Las cifras de la Defensoría y del Ministerio Público dan cuenta que entre los años 2006 y 2014,  más de 250  mujeres fueron imputadas por el delito de aborto consentido, por lo que la despenalización solo de las tres causales, no asegura que las mujeres chilenas dejen de ser penalizadas y no acaba con los abortos clandestinos e inseguros.

En diversas oportunidades, el país y sus autoridades han sido interpeladas para que modifiquen de manera urgente la normativa vigente, a fin de cumplir con los estándares en derechos humanos que el Estado ha suscrito a través de distintos tratados y convenios. Recientemente ONU ha enfatizado en la necesidad de que Chile legalice el aborto, manifestando su particular preocupación por las niñas y adolescentes embarazadas y las potenciales secuelas físicas y síquicas.

Mientras la legislación no sea modificada, el aborto en Chile seguirá constituyendo una grave violación a los derechos humanos de las mujeres y un factor de injusticia y desigualdad social, ya que son las niñas, adolescentes y mujeres viviendo en condiciones de pobreza, las más afectadas por la clandestinidad que cubre la interrupción de un embarazo en condiciones inseguras e insalubres. Son las niñas, las adolescentes y mujeres de menores ingresos, quienes se exponen de mayor manera a la persecución penal y las que recurrirían al sistema público de salud para atender las urgencias derivadas de un aborto clandestino corriendo el riesgo de ser denunciadas.

La prohibición del aborto afecta la dignidad de las mujeres, su autonomía, libertad e igualdad en el reconocimiento y garantía de sus derechos. En Chile, el Estado sólo ofrece a las mujeres continuar forzadamente un embarazo, bajo la amenaza constante del castigo penal, legitimando la coerción de toda la institucionalidad penal y policial abocada a la investigación de delitos.

La demanda internacional para que permita el acceso al aborto

La despenalización del aborto es una demanda que diversos organismos internacionales de derechos humanos han realizado al Estado de Chile desde 1999 a la fecha y en forma reiterada. Solo en el 2014, Chile ha recibido las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, durante el Examen Periódico Universal (EPU, enero 2014) y del Comité de Derechos Humanos (julio 2014), que también demandó la despenalización los años 2007 y 1999. A ellos se suman, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en 2004), el Comité de Derechos del Niño (en 2007) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (en 1999, en 2006 y en 2012).

A ello cabe agregar el mayoritario respaldo de la ciudadanía a reformas legales que protejan los derechos de las mujeres en este ámbito. De acuerdo a la Novena Encuesta Nacional Percepciones de las Mujeres sobre su Situación y Condiciones de vida en Chile (Corporación Humanas, 2013) el 84% de las mujeres está de acuerdo con legalizar el aborto terapéutico y el 80% en caso de violación así como frente a malformaciones incompatibles con la vida; en tanto el 29% expresa su acuerdo con la legalización por cualquier razón que la mujer decida, el 24% por motivos económicos y el 28%, en cambio, en ningún caso.