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Cada sociedad que ha requerido regular el ejercicio del poder ha recurrido a la redacción de una Constitución. La más antigua de ellas, la Carta Magna de Inglaterra de 1215, fue un acuerdo de paz entre el rey Juan Sin Tierra y los barones para limitar el poder absoluto del monarca frente a las libertades personales y los tributos de éstos. Con el fin del absolutismo en Europa, cada país fue elaborando su ley fundamental en la cual se determinaba la extensión del poder real, la existencia de un parlamento que ejerciera un contrapeso representativo a este poder y un sistema de resolución de diferencias entregado a un poder independiente. En América y en los distintos países que fueron adquiriendo paulatinamente su emancipación, los líderes militares y la aristocracia buscaron delimitar el poder de las nuevas repúblicas, sustituyendo la nobleza por el mérito, propendiendo a una participación igualitaria de las personas en la elección de sus representantes y tratando de romper en definitiva con las decisiones tiránicas dictadas desde Europa.

Hoy, luego del sufragio universal, su extensión a las mujeres y de una mayor conciencia en los derechos, se sigue buscando la regulación del poder, pero con la debida incorporación de todos quienes integran la sociedad. Ya no sólo se busca que el gobernante actúe dentro de ciertos márgenes y no vulnere las libertades personales, sino que además los ciudadanos, es decir, toda la población adulta del país, sea partícipe, directa o indirectamente, de la toma de decisiones públicas. Asimismo, se busca asegurar que el poder soberano le asegure un mínimo de bienes sociales a cada persona para que pueda alcanzar su mayor realización.

La mayor relevancia de la ciudadanía en la sociedad se ha dejado ver en la redacción de las constituciones. Si antes era un tratado de paz, como la Carta Magna, o una asamblea de notables, como la mayoría de las constituciones del siglo XIX, hoy es indispensable validar democráticamente una nueva carta fundamental. La fórmula más habitual ha sido la votación en plebiscito de un proyecto presentado por quien ejerce el poder constituyente –generalmente, el Congreso o Parlamento, pero en situaciones excepcionales, juntas de gobierno o autoridades de facto–. En otras ocasiones, principalmente en democracias sanas o durante gobiernos con gran apoyo, se ha recurrido a la asamblea constituyente, donde se elige a los representantes que decidirán el texto de la Constitución y se vota la aprobación o rechazo del proyecto.

Actualmente la Constitución de 1980 establece que solo puede ser reformada mediante la aprobación por dos tercios de un Congreso pleno. De esta manera se entiende que los senadores y diputados son los garantes democráticos de nuestra ley fundamental. Sin embargo, encuestas señalan que aproximadamente un 60% apoya la redacción de una nueva Constitución mediante una asamblea constituyente (Encuesta Plaza Pública Cadem, abril 2015), lo que reflejaría desconfianza en las normas actuales.

Más allá de la fórmula de redacción que se adopte, lo importante es que, de reformarse completamente la Constitución, se tomen todos los resguardos democráticos que permitan conjugar la regulación del poder político con la representación de la ciudadanía.

Roberto Sagredo Kraunik

La Constitución de Todos

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