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La demanda que un grupo de chilenos interpuso ante el estado chileno por el incumplimiento del Tratado de 1904 fue acogida por la Corte de Apelaciones y ahora son los demandados (el Estado de Chile, la Empresa de Ferrocarriles del Estado -EFE-, la Empresa Portuaria de Arica -EPA- y el Gobierno Regional -GORE-, los que tendrán que responder a los argumentos presentados.

El portavoz del grupo de demandantes es Pablo Zepeda, ingeniero en transporte, y en entrevista con El Morrocotudo, aseguró que no vienen recién llegando, sino que la demanda se basa en un estudio de investigación de hace más de 4 años.

Respuesta a Ximena Fuentes, directora de DIFROL

Zepeda responde a las declaraciones de Ximena Fuentes hechas en nuestro diario, [15] donde la Directora Nacional de Fronteras y Límites del Estado explicaba que a pesar de que los terrenos estén en manos de privados se aseguraba el tránsito de las cargas bolivianas tal y como especifica el Tratado.

“En el Convenio de 1905 se estipula que los gobiernos de Chile y Bolivia cederán gratuitamente los terrenos fiscales que sean necesarios para la construcción de las vías y sus dependencias (…) Además en su artículo 12 se puede leer que a fin de asegurar a perpetuidad el libre tráfico del ferrocarril los respectivos gobiernos se comprometen a garantizar la neutralidad del ferrocarril y sus dependencias”. Este Convenio, tal y como explica Pablo Zepeda, es el que habilitará a los demandantes a pedir que los terrenos que fueron vendidos, sobre todo, los que rodean a la vía férrea de Arica-La Paz, sean devueltos al Estado para garantizar el cumplimiento del Tratado de 1904 firmado con Bolivia.

Demanda de nulidad de terrenos vendidos que son amparados por el Tratado

La demanda la encabezan ingenieros en trasporte, especializado en materia de logística portuaria que aseguran que, en plabras de Zepeda “Nos dimos cuenta que en 2009 apareció TurBus comprando los terrenos de la estación de ferrocarril. Después se le vende a Pezzeto otro terreno y también los estacionamientos a Sodimac están metidos en los terrenos que son un deslinde que tiene la aduana en relación a la zona primara. EFE vendió esos terrenos protegidos por el derecho internacional”, explica el portavoz del grupo.

"Nosotros, como ariqueños nos dimos cuenta que se vendieron 16 hectáreas de terrenos que están comprometidas a perpetuidad”. Estamos hablando de la estación de pasajeros que se encuentra Máximo Lira, la estación que está en Avda. Brasil y las dos estaciones, la estación Central y la estación Poconchile.

TPA no garantiza el libre tránsito de carga boliviana

Zepeda, continúa contradiciendo los dichos de la directora de DIFROL, Ximena Fuentes donde aseguraba que la carga boliviana en el puerto de Arica está resguardada por el Tratado. El ingeniero cree que ocurre todo lo contrario por existir un monopolio de la empresa privada Terminal Puerto Arica (TPA) quien tiene la concesión por 20 años.

“La carga boliviana no la puede manejar un monoperador porque es de libre tránsito. Entonces que el Estado le haya traspasado la responsabilidad, por contrato, a un tercero también es motivo de incumplimiento del Tratado de 1904. Hoy día el TPA no permite salir ninguna carga hacia la estación del ferrocarril. El TPA manipula la carga boliviana a diestra y siniestra y no permite que haya otro operador. O sea, libre tránsito no hay, segundo que la carga la tienen enclaustrada dentro del puerto. El justo reclamo que tiene Bolivia es que no le permiten sacar su carga a la estación de ferrocarril. Además, las estaciones de ferrocarril asignadas para transportar la carga EFE las vendió”, detalla.

Daño al fisco por diferencia en los precios de venta

El período en que se vendieron los terrenos fue el primero de la presidenta Michelle Bachelet. En 2009, El intendente de la región era Luis Rocafull, y el abogado del GORE Omar Sepúlveda Vásquez. Tal y como asegura Zepeda: “Se hizo un contrato de venta de EFE al GORE en una zona primaria establecida por aduana chilena. Segundo, era un monumento histórico nombrado por la DIBAM en 1990. Tercero, compran un terreno tasado por el SII en 320 millones de tasación fiscal y EFE se lo vende en 820 millones de pesos. 500 millones de pesos de diferencia en terrenos comprados por el FNDR. Aquí se produce una lesión al fisco”.

A pesar que la venta se hizo entre instituciones públicas el demandante asegura que el Gore es un ente público no dedicado al giro, “no se dedica al giro del ferrocarril, ni de almacenamiento de carga. El giro que tiene EFE sí que lo habilita para administrar los terrenos del Ferrocarril. Es decir, el Gore compró un bien inmueble para sí. Un terreno amparado en el tratado de 1904”.

Del traspaso de terrenos fiscales a privados también explica que “EFE le vendió a Turbus el terreno mucho más barato de lo que exigía la tasación fiscal del SII. ¿Cómo puede ser que al Estado le vendan más caro y al privado más barato? Se produce una lesión grave al fisco.”

El recorrido de la demanda

Después de haberse comunicado con el Ministerio del Interior y la presidenta Bachelet, recibiendo una respuesta que no satisfizo sus expectativas, decidieron interceder por la vía penal. Pablo Zepeda explica que: “El 23 de marzo de 2015 informamos a la presidenta del caso. Nos respondió el subsecretario Aleuy con fecha 6 de julio asegurando que se había enviado un oficio a la intendencia de Arica. Y desde la intendencia me respondieron puras cabezas de pescado y no lo que yo pregunté”.

Además, asegura que "fue una burla la respuesta ya que carecía de argumentos técnicos. Se fueron por las ramas, sus asesores dejan mucho que desear. El 23 de marzo interpusimos la demanda y en abril nos la acogieron en la Corte de Apelaciones.” 

Por otro lado, acusa un fuerte centralismo a la resolución de estos conflictos, explicando que en la puerta norte de Chile, “no somos tontos, sabemos del tema”.

“Lo que queremos exponer es el estado de derecho de los ariqueños. Nosotros convivimos con el puerto, con la aduana, es nuestro trabajo. Si el TPA se burla de la carga boliviana, el único perjudicado es el ciudadano ariqueño. El problema que se vive con relación al tratado y Bolivia lo vivimos acá, no en Santiago”, cerró Zepeda.