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“Subí con dos de mis hijos a Visviri y de ahí a mi estancia en Cullco. Lo hice para faenar carne para mi familia. La policía me alcanzó a la altura del kilómetro 94, entre la carretera y Sica Sica. No me preguntaron nada, me bajaron a la fuerza, me tiraron al suelo y pusieron sus pies en mi hombro. Me esposaron a mí y a mi hijo y nos llevaron detenidos a Tacora. Al final me llevaron a Visviri, pero no me devolvieron mi vehículo y no me dejaron retirarlo”.

Con estas palabras, Eleuterio Crispín Flores Chura declaró ante Tribunal de Garantía de Arica, que lo absolvió del delito de contrabando de carne de camélido supuestamente ingresada ilegalmente a Chile, como lo aseguraban el Ministerio Público y el Servicio de Aduanas de Arica.

Tal versión fue contrastada a través de una mirada intercultural expuesta por el defensor local jefe de la Oficina Aymara e Indígena de Arica, Rodrigo Torres, dependiente de la Defensoría Regional de Arica y Parinacota.

“Nunca hubo ingreso de mercadería desde el extranjero. Mi representado es dueño de una estancia en la zona fronteriza con Perú y en ella faenan carne que luego traen a su familia en Arica. El faenamiento de carne es una práctica cultural ancestral y el vehículo en que la transportaba era de su propiedad. Como Defensoría Aymara e Indígena pudimos demostrar que una práctica cultural no se puede sancionar”, explicó Torres. 

Eleuterio Flores aclaró que “me dedico a la ganadería desde que era niño, mi mujer también. Mis hijos a veces nos ayudan. Tengo siete hijos y todos se vinieron a Arica a estudiar. La carne que yo traía ese día es de mi ganado y está censado. Todo está declarado en el mes de abril al SAG.  Esa carne yo la faené en mi estancia en Cullco. Así lo hacían mis abuelos, así lo hace hoy la gente y estamos autorizados para traer esa carne a la ciudad”.

LOS TESTIGOS

Rosa Maita Querquezana, dirigenta social, concejal por la comuna de General Lagos y ex consejera del Área de Desarrollo Indígena (ADI), también fue parte de este juicio, durante el cual testificó desde el primer momento, ayudando a Eleuterio a demostrar su práctica cultural.  

“La Defensoría Penal Aymara e Indígena es una acierto que se necesitaba para nuestro pueblo aymara, porque siempre han sucedido estos abusos y no teníamos quién nos defendiera desde nuestra cultura, desde nuestra realidad, desde nuestra forma de vivir. Y la defensa que hace es justamente desde la base de nuestras costumbres ancestrales y esto para nosotros es muy importante, porque esta es nuestra forma de vida”, afirmó con emoción.

Según la representante indígena, “los jueces, los policías, los carabineros muchas veces no nos entienden y nos sentimos impotentes, entonces esta oficina ha sido muy importante para nosotros y agradecemos que se haya creado y que estén atendiendo personas que conocen nuestra cultura, que han ido a nuestro territorio y que entienden y conocen nuestra realidad en el interior”, explicó Rosa Maita.

LA SENTENCIA

Durante el juicio Eleuterio aclaró que “ese día yo manejaba mi furgón. Todo el día había estado junto a mi mujer y dos de mis hijos. Venía en recorrido Cullco–Visviri-Arica. Trasladaba carne y charqui. Faené tres animales, además del charqui. Mi ganado es sólo alpaca. Uno como padre viene a ver a los hijos y no puede llegar con las manos vacías. Acá en Arica la familia son más de diez personas, entre hijos, yernos y nietos”.

Frente a los argumentos expuestos, el tribunal declaró que este caso se da en un contexto cultural y territorial propio de la cultura aymara, con la particularidad de ser, además, zona fronteriza entre Chile, Perú y Bolivia. De hecho, la sentencia recogió el documento ordinario 08/187, denominado "Informe sobre faenamiento y autonsumo de ganado camélido por familias aymaras" y elaborado el 24 de agosto de 2017 por la directora regional de la Conadi en Arica y Parinacota.

Allí se explica que "se ha podido establecer que esta es una zona que viene sufriendo un proceso de despoblamiento persistente que, sin embargo, mantiene presencia de unas cuantas familias dedicadas a la actividad ancestral de la ganadería, siendo esta una actividad económica pero, ante todo, un aspecto cultural que constituye un sello de la cultura aymara en el altiplano". 

El tribunal agregó que en este caso existe una duda razonable, ya que Carabineros -cuya patrulla estaba frente al hito 69- señaló que el vehículo conducido por el imputado ingresó desde Perú, lo que motivó el seguimiento posterior de dicho vehículo.

“Pudieron haber comprobado la veracidad o falsedad de la versión dada por el imputado. Fueron los funcionarios policiales que no se desplegaron en la estancia de Cullco para corroborar dicha versión con cualquier tipo de evidencia del faenamiento.  A su vez, la indeterminación formal del avalúo es un factor que genera dificultad para otorgar la calificación de mercancía a la carne y, posteriormente, la eventual determinación de pena, resultando la sola declaración del funcionario encargado del aforo en un elemento de convicción debilitado por su falta de formalidad”, concluyó el magistrado Jose Rodrigo Urrutia Molina, en su sentencia absolutoria.

El apoyo de la comunidad indígena, a través de los testigos de la defensa, fue fundamental para el logro de esta absolución. Intervinieron en ello el  consejero ADI Francisco Manzano Manzano, ganadero en la comuna de General Lagos; la mencionada dirigenta Rosa Maita Querquezana y funcionarios de la Conadi.

LLAMADO A LAS INSTITUCIONES

A partir de este caso, la citada dirigenta aymara hizo un llamado a las autoridades y a las instituciones públicas para que se instruyan sobre las prácticas culturales indígenas y los acuerdos realizados con la comunidad.

“Lo que le pasó a don Eleuterio ojalá no se vuelva a repetir. Esto es un abuso que sucede hace mucho tiempo. Se trabajó hace muchos años un acuerdo de cuota para traslado de carne hacia Arica, que se acordó con la Seremi de Salud, donde participaron organismos como el SAG, la Aduana, Carabineros, Conadi, para lograr un acuerdo para que la gente de nuestra comuna, nuestros ganaderos no fueran maltratados cuando trasladen su carne a Arica para compartir con su familia. Porque ese es el único fin y objetivo. No tenemos nada más que traer, no producimos frutas, verduras y que se nos quite eso es un costo muy alto, porque criar un animal son tres años para poder carnearlo. Creemos que nuestras prácticas merecen respeto y no deben ser penalizadas”, concluyó.

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