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La ocupación de terrenos fiscales se ha hecho constante en Arica y en prácticamente todo el territorio nacional, lo que claramente provocan un grave deterioro al patrimonio fiscal, donde no solamente se ve afectado el Estado, propiamente tal, sino que también a un grupo importante de ciudadanos que buscan soluciones habitacionales o la construcción de escuelas y centros de salud, por ejemplo, pero que al estar estos terrenos ocupados de manera ilegal o irregular, sobrepasa los decretos establecidos por el Ministerio de Bienes Nacionales.

Son variadas las situaciones que naturalmente se han dado, y que, si bien en algunos casos responden a la demanda de generación de emprendimientos con fines industriales como talleres mecánicos, chatarrerías o desarmadurías, galpones de almacenamiento y bodegaje, incluso sin iniciación de actividades, o levantamiento de campamentos, lo cierto es que estas construcciones si no están regularizadas, simplemente deben ser devueltas a todos los chilenos.

Al respecto, y según la información que está disponible en el Ministerio de Bienes Nacionales, la ocupación de inmuebles fiscales, se ampara al Decreto de Ley N°1939, documento que solo es firmado bajo la obligatoriedad de “conservación, mantención y/o explotación del mismo. La persona beneficiada por un acta de radicación puede, en forma posterior, ingresar una solicitud de transferencia del predio a título gratuito, la cual será evaluada de conformidad a la disponibilidad del inmueble y a los antecedentes socioeconómicos del solicitante” y que esta solicitud sólo será dirigida a personas naturales o jurídicas chilenas que requieran “ocupar un inmueble fiscal por un tiempo determinado, en forma tranquila y cumpliendo con las obligaciones de conservación, mantención y/o explotación del inmueble dictaminadas por la Secretaría Ministerial de Bienes Nacionales de la región respectiva”, sin embargo, en muchos casos son ocupadas hasta por más de 30 años de forma irregular.

Operación rescate de Calle Vallenar y La Libanesa

En nuestra región, se destaca el trabajo desarrollado por el Ministerio de Bienes Nacionales que en estos meses ha liderado importantes acciones como la denominada “Operación Rescate”, donde la cartera liderada por la Seremi Karla Villagra, escuchando tanto las demanda de la comunidad y ajustándose a derecho, pudo desalojar a los ocupantes ilegales que habitaban en inmueble fiscal de Calle Vallenar en Arica.

Este desalojo obedece a que “nadie se puede tomar un inmueble que no le pertenece. Aquí germinó un foco de delincuencia y violencia que por años ha generado terror en los vecinos y hemos tomados medidas concretas para cortar de raíz esta situación y dar tranquilidad al sector, medida que fue aplaudida por los vecinos”, precisó Villagra.

Sin embargo, más allá de que estas ocupaciones ilegales provocan hernias en la columna vertebral de la seguridad pública, vulnerando claramente el derecho de las personas a vivir en paz, este tipo de situaciones sobrepasan de manera descomunal toda normativa legal, haciendo uso y mal uso de terrenos fiscales como lo sucedido días atrás con La Libanesa, predio que, tras una fiscalización, “se pudo constatar que existen 3 tomas en una superficie predial de 13 hectáreas. Los terrenos ocupados ilegalmente y sobrepasando toda normativa legal, los han  subdividido, enumerado y asignado”, según constata Bienes Nacionales a través de los medios de prensa.

Lo anterior es reforzado por la seremi, argumentando que “aclaramos a la gente, que no todo el sector tiene uso habitacional y principalmente que se puso término a la destinación pensando en la gestión territorial de nuestro Ministerio, por lo tanto, hago un llamado a evitar que se tomen los terrenos ya que no aceptaremos las ocupaciones ilegales de inmuebles fiscales”, y que como se sostiene, son para el bien común de cada uno de los chilenos, y no solo de unos pocos. 

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