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Este lunes la Corte de Apelaciones de Arica acogió el recurso de amparo presentado en contra de la Intendencia Regional, que decretó la expulsión del país de 16 ciudadanos venezolanos que habrían ingresado clandestinamente a territorio nacional.

La Segunda Sala del tribunal de alzada -integrada por el ministro Mauricio Silva Pizarro, el fiscal judicial Juan Manuel Escobar Salas y el abogado (i) Ricardo Oñate Vera- admitió la acción constitucional y dejó sin efecto los decretos de expulsión, dictados durante el primer semestre del año, por falta de fundamentos, y la orden de no innovar decretada.

El fallo señala que “las resoluciones atacadas, devienen en arbitrarias por ausencia de fundamentos, motivo por el cual la presente acción constitucional será acogida, al afectar la libertad ambulatoria de los ciudadanos de nacionalidad venezolana, ya individualizados, que se encuentran sujetos a la medida de expulsión del territorio nacional".

“(…) Las resoluciones recurridas igualmente se tornan en ilegal si la misma presenta como única motivación fáctica el ingreso clandestino al territorio, el cual, no fue eficazmente investigado por las autoridades llamadas por ley a hacerlo con el objeto de establecer su efectiva ocurrencia (…)”, agrega.

Por lo tanto, se dejan sin efecto los decretos de expulsión, respecto de cada uno de los amparados, los cuales se encuentran ya individualizados.