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El Servicio Jesuita a Migrantes presentó un recurso de amparo en contra de resoluciones de las intendencias de Arica, Tarapacá y Región Metropolitana, que decretaron la expulsión de 34 extranjeros que ingresaron de forma clandestina a nuestro país.

La Segunda Sala del tribunal de alzada, integrado por el ministro Mauricio Silva Pizarro, el fiscal judicial Juan Manuel Escobar Salas y el abogado (i) Mario Palma Sotomayor, en fallo dividido acogió la acción constitucional y dejó sin efecto los decretos de expulsión de ciudadanos haitianos, cubanos, venezolanos, colombianos y dominicanos dictados entre 2018 y 2019, luego de constatar ausencia de fundamentos y por ser desproporcionados.

“(…) La resolución recurrida igualmente se torna en ilegal si la misma presenta como única motivación fáctica el ingreso clandestino al territorio, el cual, no fue eficazmente investigado por las autoridades llamadas por ley a hacerlo con el objeto de establecer su efectiva ocurrencia, y que pese a ello, se la invoca en un acto administrativo de grave trascendencia, lo que ilustra sobre la desproporcionalidad de la medida, desconociéndose el resto de los elementos que deben ponderarse en este tipo de asuntos, como los mencionados en los fundamentos que siguen”, sostiene el fallo.

La sentencia agrega que “(…) las resoluciones de expulsión atacadas, devienen en ilegales por ausencia de fundamentos, además de desproporcionadas, motivo por el cual la presente acción constitucional deberá ser acogida, al afectar la libertad ambulatoria de las personas amparadas, sujetas a la medida de expulsión del territorio nacional”.

Por otro lado, la Corte de Arica rechazó el recurso de amparo de tres extranjeros, quienes deberán abandonar el territorio nacional.