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Los días pasan inexoráblementemente. El sacrificio mayor de las manifestaciones por la dignidad y contra un sistema injusto y perverso marcado por la desigualdad y la exclusión, se lo ha llevado el pueblo que con persistencia, perseverancia y entereza, está decidido a continuar las movilizaciones, hasta que la casta política gubernamental y parlamentaria acojan sus demandas y sean convocados al diálogo como actores válidos y claves.

Hasta ahora esa escucha e intención de diálogo, no se ha realizado, y los legítimos representantes de estas manifestaciones sociales que se aglutinan en Unidad Social, no han sido convocados al diálogo. Es más, han sido excluidos y censurados sistemáticamente de los canales de televisión con el objeto de que puedan ejercer su derecho a la libre expresión. Exigimos a los medios de comunicación y canales de televisión que terminen con la censura de los líderes de los movimientos sociales que son los protagonistas de estas protestas ciudadanas y portadores de propuestas de cambio para un Chila más justo y digno.

Debemos ser honestos, de esta crisis no sólo es responsable el Gobierno, sino también los congresistas que durante 29 años no han sido capaces de resolver su principal tarea: Terminar con la transición a la democracia. Hay que acotar que esta casta política hoy tiene una crisis de representatividad en la ciudadanía, de la cual tiene que hacerse cargo.

El Gobierno, sin duda, es responsable del manejo errático de la crisis, respondiendo con fuerza excesiva a las primeras manifestaciones pacíficas de muchachas y muchachos que, pacíficamente, evadieron el cobro del pasaje del Metro -la evasión no es un delito, es una falta-. Posteriormente activó el Estado de Emergencia, enviando a los militares a la calle, apelando al trauma de 1973 y declarando “un estado de guerra”, en un intento de meter en un solo saco los actos de vandalismos realizados por el lumpen y propiciados por provocadores. Pero este plan al Gobierno le falló.

También el “estado de guerra” fue negado por las Fuerzas Armadas. El General Iturrieta declaró coloquialmente al día siguiente que él “no estaba en guerra”, que se diferenciaba del Presidente, no querían volver a ser asociados a la época de 1973. Después le expresan al Presidente que no desean seguir en la calle y que las manifestaciones las puede controlar la fuerza pública de Carabineros y la PDI. Así, la primera región que termina con el toque de queda –descolgándose de la lógica presidencial- es la región de Arica y Parinacota, al mando del General Bonhomme.

En boca de Gabriel Salazar: “Todo indica que desde la ciudadanía le dieron al modelo neoliberal chileno un golpe letal, del cual muy difícilmente se recuperará. Y como ni el Ejército ni la Policía desencadenaron una represión sangrienta sobre el pueblo amotinado, se ha abierto una brecha inesperada por donde la ciudadanización de la política puede avanzar y desplegarse”.

Los Movimientos Sociales sin participación de partidos políticos, autónomamente, representando un sentir y clamor nacional continuaron sus movilizaciones hasta llegar a la mayor concentración pacífica de la historia de Chile, congregando en Santiago a más de 1.200.000 personas y en las regiones a cientos de miles.

Finalmente el Presidente decidió suspender las reuniones de la APEC y la COP 25, que se realizarían en un mes y medio más. El cálculo que maneja es que esta crisis se podría prolongar por un mes y medio.

Hoy, sin embargo, ha llegado el momento de avanzar en el eje de la situación de abusos y desigualdad de la vida cotidiana, expresada en la actual Carta Constitucional que nos rige y que, en efecto, afecta las demandas sociales: educación pública, salud pública y decente, pensiones y dignas leyes laborales se enfrentan con la visión amurallada de un Estado Subsidiario que le ha entregado a los privados asegurar que esos derechos se cumplen. El Estado debe dejar de ser “observador” y debe convertirse en un garante de sus derechos y que el Tribunal Constitucional deje de torpedear –como una tercera Cámara-, los cambios que permitan avanzar hacia un nuevo pacto social.

El cambio de la Constitución, debe estar a la orden del día. Conjuntamente con las Propuestas de un nuevo Pacto Social. Por estas razones, como un ciudadano independiente, que forma parte de la Asamblea por el Pacto Social y reconoce a Unidad Social como la expresión orgánica máxima de las convocatorias a las manifestaciones pacíficas a nivel nacional, me permito proponer lo siguiente para avanzar por el Bien Común de Chile.

De aquí para abajo

Propongo que este tema sea resuelto por toda la ciudadanía nacional de forma libre, democrática, soberana, y universal, expresada en su voto y que consiste en:

Acuerdo de todos los actores sociales, políticos, culturales y económicos por convocar a un Plebiscito Ciudadano para enero de 2020.

Este acuerdo requiere con carácter de urgencia -así como salió la ley que anuló el alza del pasaje del Metro-. Es decir, que se reforme el Artículo 15 de la Constitución, que habilite al Congreso y/o al Presidente a convocar dicho Plebiscito.

Que la papeleta del voto al que concurran masivamente todas y todos los ciudadanas y ciudadanos chilenos, exprese 2 preguntas:

01) ¿Está de acuerdo con cambiar la actual Constitución Política de Chile?

Sí _____

No _____

02) ¿Cuál es el mecanismo o instancia que debería cambiar la Constitución?

Los actuales Diputados y Senadores del Congreso Nacional _____

Una Comisión de “notables”, designados por el Congreso Nacional _____

Una Asamblea Constituyente elegida democráticamente _____

En definitiva, que sea el pueblo de Chile, democrática y universalmente, quien defina el marco del país con el cual sueña y desea servir.

Imagen: Huawei / Agencia Uno

Ver también: El garrote y la zanahoria: Presidente convoca al diálogo tras suspender alza [14]

Galeria Imagenes: 

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