Las Farc entregan a la Cruz roja a dos pilotos civiles secuestrados

El CICR los trasladó por carretera hasta la ciudad de Popayán (capital del departamento de Cauca, a 650 kilómetros al suroeste de Bogotá) “donde ya se encontraron con sus familias”, dijo la portavoz del organismo en Bogotá.

En un comunicado de prensa, el CICR precisó que la liberación se produjo “en una zona rural del municipio de Argelia (Cauca)”, e identificó a los pilotos como Juan Carlos Alvarez y Alejandro de Jesús Ocampo.

"Nos alegra haber contribuido a facilitar la reunión de estas personas de nuevo con sus seres queridos”, dijo el delegado del CICR en Colombia, Jordi Raich, citado en el comunicado.

En unas declaraciones al telenoticiero Caracol, Alvarez dijo que “Dios quiera que esto sea un abrebocas para que no le vuelva a pasar a ningún colombiano más. Ojalá podamos vivir en una Colombia en paz”, agregó. Por su parte, Ocampo dijo que lo más difícil del cautiverio fue “estar lejos de la familia y el no saber qué va a pasar con la vida de uno”.

El jefe del CICR puntualizó que la gestión del organismo se produjo por “solicitud directa del grupo armado” y reiteró que el organismo está en “disposición para continuar prestando nuestros buenos oficios para este y otro tipo de acciones humanitarias en las que sea requerido nuestro rol de intermediario neutral”.

Los dos pilotos fueron entregados a delegados del CICR y de la ONG defensora de los derechos humanos Francisco Isaías Cifuentes, como lo habían pedido el pasado 25 de julio las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas) en un comunicado.

Las FARC habían capturado a los dos pilotos cuando el helicóptero que tripulaban debió aterrizar de emergencia en el campo de fútbol del pequeño pueblo El Plateado, en el municipio de Argelia. Tras el aterrizaje del helicóptero y después de que los dos pilotos fueran tomados por la guerrilla, en el lugar explotó una motocicleta-bomba que provocó la muerte de un niño de siete años y cuatro heridos.

Además, advirtieron de que cualquier empresa estatal o privada que pretenda sobrevolar, estudiar o ejecutar obras en regiones con presencia rebelde debe “contar con la aprobación de la comunidad habitante del lugar” e “informar de sus actividades a la insurgencia revolucionaria” porque “sólo así se le garantiza su seguridad”.

El departamento de Cauca ha sido en las últimas tres semanas escenario de una fuerte tensión entre indígenas, militares y las FARC, por la exigencia de los aborígenes de que tanto los uniformados como los guerrilleros salgan de sus territorios, pues se declaran neutrales en el conflicto armado que padece el país.

Tanto el gobierno del presidente Juan Manuel Santos como el grupo guerrillero han rechazado esa solicitud.

Las FARC, la principal guerrilla colombiana, con 48 años de sangrienta lucha armada contra el Estado y unos 9.200 combatientes, anunciaron en febrero pasado que dejarían la práctica del secuestro de civiles con fines extorsivos, una de sus principales fuentes de financiamiento.

Según un reciente informe de la ONG País Libre, que trabaja el flagelo del secuestro en Colombia, esa guerrilla disminuyó notablemente sus raptos durante el primer trimestre de 2012, con tres secuestros, frente a 19 en el mismo período del año pasado.

Fuentes: AFP, El País