Subsecretario de OO.PP. en Arica: "No vamos a tolerar ningún Acto de Corrupción"

21 Noviembre 2008
Autoridad Juan Eduardo Saldivia se reunió con personeros del CDE, Contraloría y Ministerio Público. Además, MOP dispuso auditor especial para revisar cumplimiento de contrato por la provisión de combustible. Por Ximena Astudillo
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Su respaldo a todas las acciones emprendidas por la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas ante el Ministerio Público por la detección de la pérdida de 84 mil litros de combustible en la Dirección Regional de Vialidad, dio el subsecretario de Obras Públicas, Juan Eduardo Saldivia, quien llegó a la ciudad junto al fiscal nacional del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Jorge Norambuena.
La máxima autoridad dio un claro mensaje a la comunidad, señalando que “no vamos a tolerar ningún acto de corrupción ya sea ejecutada por funcionarios públicos o, ya sea, ejecutada con la concomitancia de empresas del sector privado o personas del sector privado, porque con el dinero de los chilenos no se juega. Los vamos a perseguir y sancionar, pues pediremos que se actúe con el máximo rigor de la ley”.
El subsecretario Saldivia junto al fiscal nacional MOP, Jorge Norambuena se reunió hoy con el abogado procurador subrogante del Consejo de Defensa del Estado, Diego Acuña; el contralor regional Danny Sepúlveda; y con el fiscal regional subrogante del Ministerio Público, Manuel González. Durante los encuentros, ambas autoridades del MOP reiteraron que prestarán la máxima colaboración en las investigaciones y fiscalizaciones practicadas a las distintas reparticiones de esta institución fiscal en Arica y el resto del país.
Saldivia pidió que el Consejo de Defensa del Estado se haga parte en el proceso judicial por la sustracción de 84 mil litros de combustible, con el fin de que los intereses del Estado involucrados puedan ser cautelados y se persigan las responsabilidades penales de todos los involucrados.

Auditor especial

Respecto de la sustracción de los 84 mil litros de combustible de la Dirección Regional de Vialidad, avaluados en 50 millones de pesos aproximadamente, el subsecretario anunció que el MOP dispuso que un auditor interno se constituya en Arica, para que revise si la empresa proveedora de este insumo cumplió con todas las cláusulas previstas en el contrato suscrito con el MOP por este servicio.
“Si ha habido fallas por parte del proveedor, pediremos, y así se lo dijimos al abogado procurador fiscal y se lo diremos al fiscal regional, que se investiguen todas las aristas, es decir, no sólo las responsabilidades de un funcionario público, sino la responsabilidad de aquellos que han adquirido este combustible, y la responsabilidad que pudiera haber en el proceso de provisión de combustible”, expuso.
“Control funcionó”
El subsecretario precisó que el sistema de control interno existente al interior de la Dirección Regional de Vialidad “funcionó y nos permitió detectar un conjunto de actos que pueden ser constitutivos de delitos en relación con el uso de combustible. Por lo mismo, fue la propia Dirección Regional de Vialidad que presentó la denuncia el 11 de noviembre al Ministerio Público y ese es un hecho que debe rescatarse, pues fue el MOP el que hizo la denuncia”.
Al mismo tiempo, Saldivia dijo que si hubo sustracción de diesel, “alguien compró ese combustible, y ese que compró el combustible, también está cometiendo un delito y hay que perseguir esa responsabilidad”.
La autoridad insistió que al interior del ministerio existen controles permanentes a los actos administrativos, a través de auditores ministeriales, un Consejo de Auditoría Ministerial y auditores internos que revisan el comportamiento de los contratos y del funcionamiento interno de las distintas direcciones operativas.
Funcionario formalizado
En el Juzgado de Garantía de Arica, el fiscal del Ministerio Público, Carlos Eltit, formalizó por el delito de fraude al Fisco al administrador de Combustible Regional de la Dirección Regional de Vialidad, René Zárate Silva, a raíz de la denuncia del MOP por la sustracción de este insumo.
El funcionario quedó en libertad, pero con la prohibición de salir de Arica y con la obligación de firmar ante la Fiscalía tres veces a la semana. El plazo de investigación fijado por el tribunal fue de 180 días.
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